Las personas interesadas en ser defensores del cliente pueden calificarse en la Superintendencia de Bancos hasta este 24 de septiembre.

Los interesados deberán cumplir algunos requisitos como: ser ecuatoriano, tener título universitario de al menos tercer nivel en derecho o carreras afines con el funcionamiento del sistema financiero, no tener deudas tributarias pendientes con el Servicio de Rentas Internas ni con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros requerimientos que constan en la página web de la entidad.

Quienes deseen postularse como Defensor del Cliente deberán acercarse al Balcón de Servicios de la Superintendencia de Bancos en Quito con la documentación pertinente, la cual se someterá a calificación.

El defensor del cliente no será designado a una entidad de la que él o ella sea cliente. Tampoco tendrá ningún tipo de relación de dependencia con la entidad financiera ni con la Superintendencia de Bancos.

¿Cuál es el rol de un defensor del cliente?

Es un mediador o conciliador entre el usuario y la institución financiera que facilita la solución de conflictos. Trabajan en las oficinas principales de todos los bancos y tramitan todo tipo de reclamos relacionados a operaciones activas, pasivas, contingentes o de servicios financieros.

Un usuario puede acudir a un defensor si se enfrenta a algún problema con sus cuentas de ahorro o corriente. También puede hacerlo en el caso de que un cajero automático no le haya entregado el dinero o una tarjeta se quedó retenida en el mismo.

Si una persona tiene dudas sobre la gestión de cobranza, es decir, quiere saber si el banco le está cobrando tarifas o intereses en el marco de la ley, también puede acudir al defensor del cliente.

El único requisito para ser atendido por uno de ellos es completar y firmar un formulario en el que se autoriza la entrega de información para poder resolver el problema. Ellos también atienden dudas vía telefónica o por correo electrónico especialmente si existe un problema en otras provincias.

Este es un servicio gratuito respaldado por el Código Monetario y Financiero que rige desde 2014. (I)