La mañana de ayer el fiscal  distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, pidió al Presidente de la Corte Provincial de Justicia un permiso para ausentarse de la audiencia de juicio y formulación de dictamen en el caso EICA.

Así, podría  receptar la denuncia interpuesta por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en contra del juez adjunto Cuarto de Trabajo, Augusto Posligua Galarza.

El escritorio del amanuense del Presidente de la Corte sirvió para tomar conocimiento de la denuncia  penal  presentada por prevaricato en contra del magistrado al haber aceptado una “medida cautelar” a favor de la Exportadora Bananera Noboa (EBN), en contra del pago de una deuda estimada en alrededor de 100 millones por evasión del Impuesto a la Renta en el año 2005.

Al receptar la denuncia, Gagliardo dijo que de forma inmediata procederá a dar el trámite que corresponde al escrito  presentado en contra del juez.

Juan Miguel Avilés, director regional Litoral Sur del SRI,  fue el encargado en entregar la denuncia al fiscal, quien advierte que la institución  ha previsto en este año cobrar la deuda que tiene la compañía.

La entidad tributaria determinó una  glosa que asciende a $ 59 millones de dólares y que por concepto de intereses y otros haberes la deuda es de  casi 100 millones de dólares en la actualidad.

Avilés recordó que el proceso judicial tributario de la EBN, relacionado con el Impuesto a la Renta  por el ejercicio económico del 2005, ha tenido que sortear más de 30 incidentes procesales  que han dilatado el pago de la deuda.

Recordó que al fin el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 y la Corte Nacional de Justicia sentenciaron  el “archivo” de la causa, quedando en consecuencia la deuda de alrededor de $ 100 millones absolutamente en firme.

“A pesar de la firmeza jurídica de la deuda, la EBN, argumentando el derecho a la resistencia, solicitó al juez adjunto de Trabajo del Guayas, Augusto Posligua, medidas cautelares con el evidente propósito de seguir dilatando el pago de los impuestos. Lo que constituye una barbaridad jurídica, al querer transformar el derecho a la resistencia en un derecho a la evasión”.

Indicó que frente a esta actuación “injurídica” y antiética del mencionado operador de justicia, ha elevado la queja correspondiente ante el Consejo de la Judicatura, pidiendo su destitución.