Pese a las críticas de analistas que presionan por un ajuste fiscal más severo, Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas desde mayo de 2018, se mantiene sereno y responde que el ritmo gradual que se imprime en las acciones del Gobierno es el correcto y evita un fuerte shock social.

Para 2019 describe un escenario complejo, pero con oportunidades. A la vista están un proyecto de ley y reformas laborales. Además, reitera que el reciente ajuste a los combustibles no debe surtir un efecto inflacionario en los precios.

Se dijo que el ahorro por la reducción de subsidios será de $ 400 millones, pero descontando las compensaciones, ¿cuál será el ahorro real?
Eso es solamente la estimación oficial que se hizo para el caso de la (gasolina) extra; tenemos que actualizar la cifra hasta que terminen de definirse los mecanismos de compensación. Hay que terminar de contabilizar el efecto en diésel industrial y en diésel de transporte no público. Yo creo que para la próxima semana ya tendremos una cifra más cabal. No olvidemos que el presupuesto establece un objetivo de $ 800 millones.

¿Cómo beneficia al país liberar los precios de venta de los combustibles?
Este Gobierno se propone hacer profundas reformas estructurales y una de ellas es tener un mercado mucho más transparente, más dinámico y más acorde a la realidad que vive el mundo.

Lo que nos interesa es que exista más competencia, de tal manera que las gasolineras puedan invertir más para cautivar a los ciudadanos; de lo contrario el ciudadano va a encontrar una mejor opción casi siempre en Petroecuador, que es un jugador importante en el mercado. Para el país esto es nuevo, vamos a tener que ir ajustando las cosas en función de cómo se comporta el mercado.

¿Habrá más cambios en los subsidios, por ejemplo, con el gas de uso doméstico?
Con el GLP no tenemos previsto nada. Prevemos ajustes de distorsiones que se han dado por regulaciones ad hoc. Por ejemplo, están las cuantías mínimas de 2.000 galones al mes para el diésel, que se creó para las pequeñas empresas y también para escuelas u hospitales que necesitan prender su generador eléctrico cuando se va la luz.

El problema es que eso se distorsionó y empezó a beneficiar a grandes empresas. Todo irá en la línea de generar que los que más tienen sean los que más paguen.

¿Estas acciones en qué medida producirán un efecto inflacionario en los productos?
No esperamos un efecto grave ni de alza de productos porque no existe justificación. En la formación de precios de la gasolina extra tiene una participación menor y estamos compensando a los taxistas por el ciudadano, porque no queremos que suban la tarifa a la gente. Pero si eso se deriva del campo de la especulación, nosotros vamos a actuar conforme nos permite la ley para evitar que haya abusos.

El Ministro de Energía, Carlos Pérez, mencionó que el próximo año se presentará un nuevo proyecto de ley económica urgente, ¿qué temas tratará?
Estamos trabajando con el Ministro de la Producción muy de cerca, (y) con las entidades aliadas en una ley que nos permita reforzar esta visión de un Estado que acompaña al sector productivo, a los emprendedores y ciudadanos, también para darle más eficiencia al Estado.

Hay que trabajar en temas de alianzas público-privadas, monetización de activos, empresas públicas, dinamizar el mercado de valores. Será una reforma que permita avanzar en temas de orden estructural para lograr que el sector privado pueda tener mucha más tracción.

¿Se presentaría en enero?
Yo estimaría que sí. Siempre hay procesos internos que pueden dilatarse, pero el proyecto está bastante avanzado.

¿Se van a cumplir las metas de déficit planteadas para 2018?
Sí, totalmente. Al 27 de diciembre el (presupuesto) codificado es de $ 4.000 millones en déficit global y   $ 1.040 en el primario.

¿Cómo cerrará el PIB en 2018?
Tiene que actualizar las cifras el Banco Central. Naturalmente, este año, dado que la economía no ha tenido la inyección de recursos desde el Estado ha visto resentir sus indicadores.

Pero el 2019, siendo un año complejo también, va a traer buenas noticias porque tenemos un reglamento (de la Ley de Fomento Productivo), tenemos más de 300.000 ciudadanos que liberaron sus deudas con el SRI, tenemos más de 100.000 personas que han podido salir de la central de riesgos (...) A pesar de la adversidad vemos un escenario positivo.

¿Vendrá alguna reforma tributaria o laboral?
No está prevista una reforma tributaria. Por responsabilidad, ningún Gobierno puede descartar absolutamente nada dentro de todas las opciones. En el tema laboral más que una reforma integral en sí mismo, queremos generar mayor espacio para que las mujeres, los jóvenes y desempleados puedan tener oportunidades.

Por ejemplo, para que las nuevas inversiones que se beneficien de la exoneración del impuesto a la renta y de algunos incentivos tributarios, también puedan estar acompañados de un esquema laboral mucho más dinámico y que puedan contar con licenciamiento ambiental más ágil.

¿Se conformarán las mesas de trabajo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)?
Todavía hay algunos procesos por cumplir. No se ha instalado formalmente la mesa, a pesar de que ya hemos trabajado de manera informal. A finales de enero podríamos tener un informe.

¿Cuál es su mensaje para los ciudadanos?
Lo que estamos haciendo hoy va a garantizar que nuestros hijos y futuras generaciones no tengan que enfrentarse a decisiones más duras. En la economía del día a día de los ciudadanos creo que hay grandes oportunidades para invertir. Sugeriría que se revisara muy bien el reglamento a la Ley de Fomento Productivo. Que aprovechen los mecanismos de la banca pública. Que manejen sus cuentas con austeridad, ese es el principal activo de una familia. (I)