El sistema de telecomunicaciones en Ecuador entrará a un proceso de regulación exhaustivo para enmarcarse en lo que ordena la Ley de  Control de Poder de Mercado, con su respectivo reglamento, que estará listo en los próximos días.

Rubén León, secretario nacional de Telecomunicaciones, señala que por el momento  analizan casos de otros países como Chile,  Colombia y México, al ser estados que ya tienen sus reglas claras para la regulación del mercado de las telecomunicaciones aplicadas desde hace más de 30 años.

Anota que dentro de tres meses el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), tomará las medidas regulatorias en el mercado “para que especialmente la competencia de las operadores móviles avanzadas tenga la posibilidad de beneficiar a los usuarios con sus servicios”.

Sostiene que no solo les interesa que la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) tenga listo el reglamento para la regulación del poder de mercado, sino que también la Asamblea incorpore artículos en la Ley de Defensa del Consumidor, “para que se garanticen los derechos de los usuarios, como es la experiencia chilena”.

La legislación chilena aplica sanciones económicas y legales drásticas que pueden llegar a los 20 millones de dólares a la empresa y la misma cantidad, más cargos penales a la autoridad de la compañía que  autoriza la práctica de una medida competitiva desleal, según explica  la consultora jurídica Nicole Nieme.

Ella cuenta que en su país ya se ha sancionado a empresas de telecomunicaciones que han llevado a cabo prácticas de competencia de mercado desleales, pues fueron observadas 40 por tener una posición de monopolio dominante.

Nieme sostiene que si Ecuador requiere de  un mercado competitivo, que beneficie al consumidor con buenos precios, mejor calidad o mayor innovación, “es esencial una buena institucionalidad de libre competencia, de protección o represión de abuso -que permita que realmente cuando hay abusos las personas  puedan denunciarlo y recibir una respuesta o resultado, una sanción a la empresas que abuse- y finalmente que la regulación sectorial remueva barreras de entrada, protección del consumidor”.

La experta chilena reconoce que los consumidores son abusados, pero que no cuentan con una institucionalidad eficaz y rápida para  confiar y que los  indemnice por los perjuicios que sufren. Estos procedimientos son conocidos como acciones de clase.

Al existir un ente de esas características, que haga respetar los derechos de los ciudadanos, las empresas se ven obligadas a respetar los contratos que firman con el consumidor del servicio o producto que ofrecen.

Chile tiene el organismo Servicio Nacional del Consumidor, encargado “de recoger las reclamaciones públicas en temas de abuso, de modificaciones de los contratos, faltas de equidad de los contratos o falta de transparencia y los lleva a los tribunales de manera rápida y eficaz”, manifesta Nieme.

Esto es lo que precisamente aspira el Conatel se concrete en el país, aunque advierte que en esta área de regulación del sistema de telecomunicaciones convergen otras instituciones del Estado, porque cada una tiene un rol que cumplir de acuerdo a lo que dicta la Ley de Control de Poder de Mercado.

Rubén León insiste en que   el Conatel busca  una regulación   que permita sanidad en el mercado, que la compartición de mercado sea lo más transparente posible, para que el operador dominante no crezca sino que reparta el mercado de mejor manera (espectro radioeléctrico), para que en el aspecto comercial haya suficiente información  accesible a todos los usuarios.

El proyecto del Conatel incluye incluso el espectro radioléctrico de las operadoras móviles.
En este sentido,  Nieme cuenta que en su país las telefónicas del servicio móvil están obligadas a compartir, a través de un arriendo, su espectro con las operadoras móviles virtuales, fijando una tarifa tope de pago, así como un tope de uso del espectro radioeléctrico que puede llegar hasta 60 megas.

El plazo que tiene el Conatel para  presentar esta nueva ley vence en junio.