Desde el próximo año los ecuatorianos aficionados a la tecnología alcanzarían el sueño de ir a velocidades de ‘vértigo’ en la red y descargar películas de hasta 2 GB en apenas 2 minutos, ahorrándose la hora y media que invierten actualmente.

La rapidez, una de las principales ventajas de la tecnología conocida como 4G LTE, que es un standard para transmisión rápida de datos para teléfonos y computadoras, parece estar más cerca del país, una vez que el Estado negocie la concesión del espectro radioeléctrico con las operadoras Otecel (Movistar) y Conecel (Claro).

El sábado, el presidente Rafael Correa anunció su intención de cerrarlo hasta fin de año.

Para Boris Ramos, experto y profesor de la carrera de telecomunicaciones de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), es importante que se instale en Ecuador esta tecnología y con ella los nuevos servicios y aplicaciones que puede soportar, pues “daría un impulso muy importante al desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en el país”.

“La implementación del LTE incrementaría la capacidad de las operadoras celulares en cuanto a la tasas de datos que pueden ofrecer y al número de usuarios que pueden soportar”, señaló el académico.

Vladimir Valencia, supervisor de una empresa de servicio técnico Apple en Guayaquil, mencionó que otra de las ventajas es la cobertura, pues el rango de la señal es más amplio y permite que cuando una persona viaje no se quede incomunicada en zonas rurales o apartadas.

Valencia explicó que en teoría la velocidad de descarga es de 100 megabits por segundo, 90 más que en el sistema actual, la rapidez que se promociona dependerá de la inversión en tecnología, es decir de antenas, repetidoras, consolas de señal, y demás instalaciones, que hagan las operadoras. El técnico mencionó también que por lo regular hay pérdidas de entre el 10% y 15% de la señal.

Además de las virtudes técnicas de la implementación de esta tecnología, también se analizan las condiciones: cómo se concesionará el espectro radioeléctrico a las compañías prestadoras de este servicio.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador (Asetel), dijo que en las negociaciones, que vienen desde hace un año, persisten diferencias sobre el valor a pagar por las transnacionales por este recurso.

A su criterio debe existir parámetros en función del tamaño del mercado de las empresas y el ingreso promedio de las operadoras por abonado al mes, entre otros factores. Así también se deberá considerar que hay países de la región cuya política es bajar los precios del espectro para disminuir costos para los usuarios.

De momento, el empresario espera que las negociaciones no demoren más de lo previsto. “Parece que el gobierno quiere mucho dinero por el espectro, pero las operadoras tienen parámetros de carácter regional que es necesario considerar”, expresó Aspiazu.

El presidente Correa dijo el sábado pasado que las utilidades netas de Conecel y Otecel, que fueron de $ 369 millones y de $ 209 millones, se tendrán en cuenta en el momento de la negociación.

Según Aspiazu, el Estado tiene una asignación total de 180 mhz (megahercios) para proveer de tecnología 3G y 4G, y de estos, 110 ocupa la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

ACUERDO FOMENTA LA BANDA ANCHA

Con el objetivo de masificar y fortalecer el servicio de Internet de banda ancha en el país, el ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Jaime Guerrero Ruiz, suscribió el Acuerdo Ministerial N. 035-2014, que fortalecerá las políticas públicas encaminadas a que más ecuatorianos accedan al servicio.

El acuerdo contiene directrices que fomentan el servicio de banda ancha y permite que este llegue a sectores geográficamente aislados. De esta manera se reducirá la brecha digital y se aportará para el desarrollo socioeconómico de estas zonas y del país en general.

Entre las políticas que se ejecutarán está el acelerar la distribución de bandas del espectro radioeléctrico, que permitan acceder a servicios de banda ancha (fija y móvil).

Uno de los objetivos del Gobierno es alcanzar, hasta el 2017, el 90% del territorio nacional cubierto con infraestructura para cubrir los servicios de Internet banda ancha fijo y móvil.