Será en  enero de 2013 cuando la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) asuma las funciones de ente de control y supervisión de las cooperativas y cajas de ahorro y crédito que queden debidamente depuradas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

De acuerdo al Instituto de Economía Popular y Solidaria (SEPS), en el país existen 6.456 cooperativas distribuidas en 23 provincias.

Las de mayor concentración son las de Pichincha con 1.539, Guayas con 860, Manabí con 425 y Los Ríos con 386, pero estas cifras se espera disminuyan y coincidan con las que contempla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Hugo Jácome, titular de la SEPS, indicó que, sobre la base de la información recogida del Censo Económico 2010 y del Servicio de Rentas Internas (SRI), tienen la estimación de que en el país existen  900 cajas de ahorro y crédito, 12.000 bancos comunitarios, 2.400 cooperativas de producción y servicios y 10.000 asociaciones, “a las cuales se las debe depurar, basados en su funcionamiento o no”.

Édgar Peñaherrera, presidente de la Asociación de Cooperativas vigilada por la SBS, explicó que uno de los motivos para que el sistema cooperativo haya crecido en el país es porque sus socios buscaban solventar necesidades económicas para el desarrollo agrario de sus zonas. Los bancos no entregaban financiamiento, por considerar que no estaban ubicados cerca al agro.

Jácome señaló que no solo al sector agrario apoyaba el sistema cooperativo, sino también al desarrollo de las microempresas, al sector productivo, consumo y comercialización; es decir, con el pasar de los años, amplió su campo de acción. Si algunas de ellas han crecido y se han logrado mantener en el tiempo “es porque sus socios ejercen el mecanismo de supervisión auxiliar, seguimiento y control, de los activos y pasivos de la cooperativa o caja de ahorros”.

De esta vigilancia que hacen los socios, da fe Álvaro Andrade, gerente de la cooperativa 29 de Octubre, quien dijo que hasta hace pocos años atrás la institución daba servicio a sus socios casa adentro (Fuerzas Armadas).

Luego permitieron abrir sus puertas a los civiles con el propósito de ampliar su campo de acción y cumplir con las demandas que otros entes financieros no han podido hacerlo. Es así que esta cooperativa ahora se caracteriza por prestar servicios de ahorro, créditos de consumo, vivienda, agropecuario, comercio y microcrédito.

Pero este crecimiento en 44 años de vida institucional, mencionó Andrade, responde también a la vigilancia financiera, técnica y tecnológica realizada por SBS.

Pedro Khipo, gerente de la cooperativa Fernando Daquilema, que obtuvo su permiso de funcionamiento del Ministerio de Bienestar Social -hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social-, manifestó que en los 15 años de vida institucional no tuvieron el control y seguimiento de cumplimiento de sus actividades cumplidas, que sus capitales crecieron por la capacitación recibida a través de la Red Financiera Rural. Ahora dice contar con un activo de 18 millones de dólares y 35 mil socios.

El Superintendente señaló que la situación mejorará cuando todo el sector entre al proceso de supervisión, control y regularización.