Así como ocurrió con los contratos de preventa de crudo la Contraloría General del Estado (CGE) también determinó indicios de responsabilidad penal en el caso del proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca que involucra a Petroecuador y a la empresa Caminosca.

Los hallazgos que ahora están en manos de la Fiscalía General del Estado se sustentan en el examen especial DAPyA-0018-2017 que analizó los estudios y diseños elaborados para el proyecto en el período del 9 de noviembre de 2013 al 28 de febrero de 2017.

La auditoría concluyó que Petroecuador erogó $ 126 millones para viabilizar la construcción del proyecto por deficiencias en los diseños preparados por Caminosca.

El monto corresponde a la diferencia entre las cantidades contractuales y ejecutadas mediante rubros nuevos. Un total de $ 41,2 millones se desembolsaron por deficiencias técnicas de diseño incurridas en los estudios de ingeniería básica y de detalle.

Otros $ 10,6 millones fueron por valoración de las actividades orientadas a cumplir con las normas técnicas y de seguridad; $ 72,8 millones atribuibles a la subvaloración de cantidades de obra; y $ 1,8  millones por el contrato complementario para estudios geotécnicos que garanticen la seguridad de las instalaciones del poliducto.

Aparte Petroecuador perdió más de $ 108.000 por valores indebidamente cancelados por no verificar el cumplimiento de recomendaciones hechas por la Contraloría en 2016.

El Poliducto Pascuales-Cuenca es uno de los cinco proyectos estratégicos que serán sometidos a una auditoría internacional. Arrancó con un valor referencial de $ 272 millones, pero terminó costando más del doble.

Presenta inconvenientes técnicos y operativos. Además la Fiscalía investiga un posible pago de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Rivera y Herrera responden ante anuncio de glosa
A día seguido de que la Contraloría confirmó la glosa por $ 77,2 millones en contra de los exministros de Finanzas Patricio Rivera y Fausto Herrera, a través de un comunicado ellos sostienen que la entidad de control no acogió las normas constitucionales y legales que expusieron.

Los exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa fueron señalados por permitir en 2012 que el Estado pague con bonos el aporte del 40% para el fondo de pensiones de jubilación que administra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“Tenemos la seguridad y confianza de haber actuado apegados a la ley”, reza el documento. (I)

Ente de control inspeccionará 7 proyectos mineros
El jueves 15 de febrero se inicia en Quimsacocha (Azuay) el periplo de la Contraloría para analizar el desarrollo de al menos siete proyectos mineros y su impacto socioeconómico y ambiental en las comunidades aledañas.

Esto como parte de los diálogos efectuados con alrededor de 300 delegados de colectivos sociales, indicó Pablo Celi, contralor subrogante.

Las organizaciones transmitieron su preocupación sobre el proceso de concesión y manejo de proyectos mineros en el Ecuador.
Celi aclaró que la actividad es adicional a otros análisis que lleva adelante la Contraloría. “Voy a realizar visitas personales con los equipos de control a la totalidad de proyectos en el país”, aseguró.

En Quimsacocha se encuentra la mina Loma Larga que está en fase de exploración avanzada y de elaboración del estudio de factibilidad, según el Ministerio de Minería.

Las otras minas son Fruta del Norte, Mirador, San Carlos-Panantza, Cascabel. Río Blanco y Llurimagua, indicó días atrás la Ecuarunari. Para estas visitas la Contraloría aún no define la agenda. (I)