El proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales propone: “Se sustituye la Jubilación Patronal y la bonificación por desahucio, y se crea la bonificación por terminación de contratos a plazo fijo, plazo excepcional, doméstico e indefinido, que beneficia a estos trabajadores, sin consideración a su tiempo de servicios. No aplica esta bonificación en casos de terminación de la relación laboral por visto bueno otorgado a favor del empleador por las causales contempladas en el Código”.

Ciñéndose al Código del Trabajo, el propio Ministerio aclara (página web) que la “jubilación patronal”, consiste en “la pensión vitalicia que tienen derecho a recibir de su empleador los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado sus servicios de manera continua o ininterrumpidamente”; y añade: “Jubilación Patronal Proporcional: Los trabajadores que hubieren cumplido de veinte a menos de veinticinco años de servicio tendrán derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal”. Cabe señalar que “desahucio” es el aviso que una de las partes contratantes hace saber a la otra, para dar por terminado el contrato; y el “visto bueno” es la autorización al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo, motivado por varias causas establecidas en el Código.

Por jubilación patronal, el mínimo es el 50% de la última remuneración mensual, multiplicado por los años de servicio en la empresa; y por desahucio, el 25% de la última remuneración mensual igualmente multiplicado por los años de servicio.

La propuesta, por tanto, crearía una “bonificación” que sustituye lo que se pagaría al trabajador por jubilación patronal o por desahucio; pero esa “bonificación” sería ahora asimilada a la simple terminación de contratos a plazo fijo, plazo excepcional, doméstico e indefinido, sin consideración al tiempo de servicios, con lo cual, en realidad, se eliminarán tanto la jubilación patronal como la bonificación por desahucio, cuyos montos bien podrían llegar a ser significativos.
Semejante reforma tiende a aliviar ciertos “costos” empresariales; parece responder más a la vieja demanda de las cámaras de la producción por abolir la jubilación patronal y las “excesivas” indemnizaciones; y, lastimosamente, aleja las políticas fundamentadas en el principio “pro operario”, que en toda legislación laboral opera siempre para beneficio y potenciación de los intereses y derechos de los trabajadores.