Desde 1965, Ecuador firmó 30 tratados bilaterales de inversión (TBI), de los cuales 27 entraron en vigencia, los 3 restantes, con Panamá y Costa Rica no tuvieron validez por falta de suscripción entre las partes; y con Rusia no fue ratificado.

La mayoría de TBI se suscribió entre 1992 y 2002, bajo los gobiernos de Sixto Durán-Ballén, Jamil Mahuad y Gustavo Noboa; con una política neoliberal que priorizó el capital sobre los derechos del Estado. Los acuerdos suscritos por Ecuador no contemplaron obligaciones de derechos humanos, ni consideraron las particularidades sociales y económicas de esos años.

María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, recordó que, en su mayoría, estos acuerdos fueron suscritos y aprobados a espaldas del pueblo, en una especie de ‘clandestinidad’. Citó como ejemplo, que en los TBI firmados a partir de 1998 no existió aprobación legislativa ni lectura del texto o debate.

Precisamente, este es uno de los hallazgos que constan en el Informe de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa), que será presentado por Cecilia Olivet, quien presidió la investigación, al presidente de la República, Rafael Correa, hoy en Carondelet. Y desde las 15:00 en el auditorio de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera se hará público con la presencia de varias autoridades de Estado y organizaciones sociales.

La presentación del informe se da en el marco de la decisión de Ecuador de denunciar los TBI que aún se encuentran vigentes. En ese escenario, la Corte Constitucional emitió un informe en donde dictamina la inconstitucionalidad de los 12 convenios firmados con China, Chile, Venezuela, Países Bajos, Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia.

Con ese informe, dicha entidad dispuso a la Asamblea, el pasado 21 de abril, que en el término de 60 días se incluya el tratamiento y debate sobre los TBI suscritos con aquellos países. La semana pasada fueron analizados y debatidos los 12 textos, y se aprobó la denuncia.

Según la legisladora María Augusta Calle, América Latina ha sido golpeada por los arbitrajes en este tema, pero Ecuador fue el más afectado con 26 demandas equivalentes a $ 12.000 millones. “Denunciar los TBI era una de las grandes urgencias que tenía el país. Hay que recordar que estos tratados tienen unas cláusulas de supervivencia que van de 5 a 20 años”.

En ese sentido, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, aclaró que Ecuador no está en contra de los tratados de protección de inversiones, sino más bien a favor de que existan tratados con todos los países que así lo quieran.

“No puede un Estado someterse a tribunales espurios, que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Los tribunales son clubes exclusivos de abogados internacionales, todos dependientes de las grandes petroleras, tienen una carta abierta para defender los intereses de los grandes capitales”.

Las aseveraciones de Mera se basan, sobre todo, en dos casos que para el país han resultado emblemáticos, por las demandas planteadas por Oxy y Chevron.

En el caso de la Oxy, el tribunal internacional reconoció que la petrolera violó el contrato y la ley ecuatoriana al ceder el 40% de sus derechos a la compañía Andes, sin el consentimiento del país. A pesar de ello, el laudo conminó a Ecuador a pagar una multa de $ 1.000 millones a Oxy porque consideró que las medidas adoptadas por el país fueron demasiado severas.

En el caso Chevron, la empresa se blindó ante el dictamen de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos que falló a favor de los demandantes con una multa de $ 9.500 millones por la contaminación ambiental y afectación a la salud generada en el área de explotación petrolera.

La demanda internacional de Chevron a Ecuador es por el mismo monto y se aplicará en caso de que se le cobre esa deuda. La petrolera recurrió al TBI suscrito con Estados Unidos aun cuando no cabía su aplicación retroactiva, porque sus operaciones concluyeron el año 92 y el acuerdo fue suscrito en el 97.

Para Andrés Aráuz, ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, los TBI resultan lesivos, no solo para Ecuador, sino para América Latina. “No existe reciprocidad. Si un Estado se siente afectado, no puede iniciar un juicio o arbitraje a la empresa, situación que ocurre a la inversa”.

Aráuz señala que hay que salir de estos esquemas perversos como son los TBI. “Ecuador entró a estos tratados hace poco más de 20 años en la época neoliberal, la mayoría en el gobierno de Jamil Mahuad otros de Sixto Durán-Ballén, y daba protecciones enormes al capital trasnacional, a las empresas trasnacionales que supuestamente estaban invirtiendo en Ecuador”.

Piedad Mancero, comisionada de Caitisa, confirma que estos instrumentos eran la garantía de privilegios para las transnacionales que no tenían obligación o compromiso para transferir tecnología, generar empleo o usar materia prima local.

Entre 2003 y 2013, Ecuador desembolsó $ 155 millones para pagar a bufetes de abogados y otros gastos de arbitraje. 

Lo actuado hasta el momento, cierra la posibilidad a que el país sea demandando en cortes internacionales, a partir de nuevas inversiones. Ahora se espera que el presidente electo, Lenín Moreno, conforme una comisión para negociar acuerdos de inversiones con condiciones justas para el país. (I)