La solidaridad es el principio de la seguridad social y en ello se fundamenta la propuesta de reformas laborales presentada por el Gobierno, que beneficiaría a 1’500.000 personas que trabajan en el hogar sin recibir remuneración. La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, reitera que el seguro universal es un derecho garantizado en la Constitución y su aplicabilidad será progresiva.

¿Cómo se concibe el seguro universal que en un primer momento cubriría a las amas de casa?
Es un quiebre que se hace alrededor del trabajo del hogar, como una labor que aporta al desarrollo económico del país y no tiene  relación de dependencia ni una remuneración para quien lo realiza. Se está planteando la incorporación de este grupo -que por lo regular son mujeres- que realizan una labor importante, que además está reconocido por la Constitución, para que puedan acceder a la seguridad social desde la perspectiva previsional.

¿A qué se refiere cuando habla de la parte previsional?
Nos referimos, sobre todo, a las contingencias para  las pensiones por vejez, viudez o discapacidad. Se prevé que la cotización (aporte) de las trabajadoras del hogar les permita acceder a una pensión digna por vejez, a estar protegidas en caso de algún tipo de  discapacidad o invalidez, y que tengan una protección en caso de muerte.

¿Cómo se estableció la cifra de 1,5 millones de trabajadores no remunerados del hogar?
Fue un trabajo que realizamos en  los 2 últimos años. Como Ministerio de Desarrollo Social, lideramos la propuesta de ley, vimos que era importante incorporar a este grupo que estuvo excluido de la seguridad social históricamente en el país. La propuesta se trabajó con el IESS y los ministerios de Finanzas, Coordinador de la Política Económica y Relaciones Laborales por tratarse de un derecho laboral.
El universo de 1’500.000 personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar se tomó de las cifras del INEC sobre la población económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva (PAI). En esta última se ubicaban las amas de casa.

Las dudas surgen en torno al acceso a salud, ¿qué se plantea?
Hay que entender que, en la seguridad social, el concepto previsional tiene que ver con el acceso a una pensión por vejez, muerte o discapacidad. La contingencia de salud el Gobierno ya  la brinda  a través del sistema del Ministerio de Salud Pública, un derecho que de cierta forma ya está universalizado a toda la población.

¿Cuánto le costaría al Estado la incorporación de ese sector de la población a la seguridad social?
Si se incorporara al universo de 1’500.000 personas de forma  inmediata, al Estado le costaría $ 201 millones; sin embargo, se ha previsto que el proceso sea progresivo,por lo que el próximo año seguramente se invertirá alrededor de $ 24 millones para incluir a 400.000 trabajadores del hogar a la seguridad social.  

¿Cuándo acabaría ese proceso?
Estamos planteando que hasta 2017 se incorpore el 70% de esa población, pero universalizar la seguridad social es una meta más a largo plazo. Estaríamos hablando de alrededor de unos 20 años.

Algunos sectores cuestionan que parte del financiamiento de esas pensiones provenga de los excedentes de las utilidades de los trabajadores. ¿Qué opina?
Uno de los principios universales de la seguridad social es la solidaridad y entendería que esta propuesta alrededor de las utilidades tiene ese sentido de solidaridad, puesto que es un recurso que solidariamente  contribuya a que todos los trabajadores accedan ala seguridad social. De cierta forma, si se evalúa quiénes acceden a  utilidades que superan el tope propuesto ($ 8.160) vemos que es un grupo privilegiado dentro del grupo de trabajadores. Ese excedente financiará en parte un sistema de seguridad social solidario.

El presidente del Directorio del IESS, Hugo Villacrés, explicó que los requisitos para gozar de una pensión jubilar serían: 240 imposiciones y 65 años. ¿Qué pasa con las mujeres que hoy ya superan los 60 años?
La contingencia que se prevé desde el Estado son las pensiones no contributivas, que es lo que actualmente se les entrega a los  adultos mayores en condición de vulnerabilidad, un bono por $ 50 como pensión jubilar. Al momento son 551.164 los adultos mayores que reciben esa pensión de parte del MIES.