Cierre de empresas públicas, fusión de ministerios, reducción de personal, nuevos contratos de trabajo y simplificación de trámites, son las estrategias para la optimización del Estado, uno de los ejes del programa económico. La meta es reducir el gasto público en $ 1.000 millones cada año. 

Empresas públicas eficientes

Entre las medidas que se aplicarán está que hasta 2021 se cerrarán cinco empresas públicas y cuatro serán fusionadas.

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) diseñó el Plan de Perfeccionamiento que busca eficiencia, rentabilidad y transparencia. De las 22 empresas que hay hasta el momento en la Función Ejecutiva, quedarán 15.

Édison Garzón, gerente de la EMCO, explicó que el objetivo del plan es “que las empresas públicas ya no se sirvan del Estado, sino que aporten al mismo”.

De forma inmediata se liquidarán la Empresa Pública Cementera y Enfarma, mientras que hasta 2021 cerrarán Fabrec, Ecuador Estratégico y Yachay. Las dos últimas deberán concluir los proyectos que tienen en marcha antes de ser liquidadas.

Con Tame, Santa Bárbara y Flopec la estrategia es mejorar su gestión para volverlas más rentables y atractivas a los inversionistas nacionales e internacionales. En el futuro se analizarán alianzas estratégicas o venta parcial.

El plan implica la desvinculación de más de 1.000 funcionarios del nivel jerárquico superior hasta 2021. 

Garzón garantizó el pago de liquidaciones con todos los beneficios que corresponden. Los recursos saldrán de la rentabilidad mínima que surgirá de las organizaciones.

Además, este año se proyecta un beneficio para el Estado de $ 427 millones, de los cuales $ 204 millones por ahorro del Presupuesto General del Estado y $ 223 millones por la rentabilidad de las empresas públicas.

Reducción de asesores

Un total de $ 7 millones en ahorro generará la reducción del 50% de cargos de asesorías en el nivel jerárquico superior, explicó Raúl Ledesma, ministro de Trabajo.

En la Función Ejecutiva hay 625 asesores que representan gastos mensuales de $ 2’193.926,79, entre remuneraciones y beneficios, la propuesta es disminuirlos a 365 que al mes significan $ 1’279.996,39.

Ledesma afirmó que los derechos de los trabajadores serán garantizados, al igual que la prestación y calidad de servicios sociales a la ciudadanía. No incluirá los sectores de salud, educación, justicia, seguridad y bienestar social que representan el 69% de servidores públicos (339.844), de un total de 492.683.

Modalidades de contrato

Ledesma informó que se suscribirían tres de los seis acuerdos ministeriales para la implementación de los nuevos mecanismos de contratación. Se trata de los sectores bananero, turístico y florícola, que tendrán aplicación inmediata.

El titular de la entidad mencionó que se ejercerán controles permanentes para que no haya migración de trabajadores estables, pues los contratos están dirigidos a incorporar nuevo personal.

Rediseño del Estado

Antes de que finalice el año habrá 15 optimizaciones y fusiones. Para 2019 se vincularán ocho entidades y se anclará el área administrativa y financiera de dos instituciones; y en 2020 otros dos organismos formarán uno solo.

Etzon Romo, secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, dijo que quedarán 22 ministerios sectoriales “que garanticen la coherencia de la gestión pública”.

Una de las fusiones más grandes será de los ministerios de Hidrocarburos, Energía y Minería, la cual estará al mando de Carlos Pérez. “Todo el proceso de optimización está ligado al Plan Nacional de Desarrollo”, acotó.

Abreviación de trámites

En un plazo de 180 días las instituciones de la Función Ejecutiva deberán justificar, económica y jurídicamente, la pertinencia de los trámites actuales.

Lo que no se sustente será eliminado, indicó Andrés Mideros, secretario de la Presidencia.

Agregó que el programa económico se orienta hacia la eficiencia del Estado e involucra la participación y corresponsabilidad del sector privado. (I)