La reproducción de un CD en el computador del trabajo, en la radio de un auto o en la sala de casa es parte del ‘uso doméstico’ que se le puede dar a la música de factura ecuatoriana y está permitido por la ley. La ‘ejecución pública’ en un restaurante, una discoteca, un centro comercial, una estación radial o cualquier otro tipo de negocio como acompañamiento o atracción es un servicio por el que se debe pagar.

El artista Luis Beltrán Vargas, presidente ejecutivo de Sarime (Sociedad de artistas, intérpretes y músicos ejecutantes del Ecuador) hace una analogía en este sentido: cuando en un negocio se pone música para que los clientes se sientan mejor, estamos hablando de un servicio comparable al agua potable, la energía eléctrica o el teléfono.

El funcionario, que integra y dirige el Ballet de Ecuador de Luis Beltrán, afirma que la recaudación que se debe efectuar a todos los usuarios comerciales de la música por su comunicación pública “no es un impuesto, sino un derecho que merecen ejercer los artistas”.

Sarime, la organización que tiene este fin, fue creada junto con Soprofon (Sociedad de productores de fonogramas) en 1998, cuando se expidió el reglamento para la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual.

El mecanismo de recaudación parte de un cálculo que estos organismos hacen contratando un sistema de monitoreo. Radios, canales de televisión y todos los medios de comunicación que reproducen la música de los artistas asociados son escrutados de esa manera.

Si, por ejemplo, la canción Chao Lola, interpretada por el cantante Juan Fernando Velasco, fue ‘pinchada’ por una radio local durante la madrugada de un día cualquiera, eso queda registrado en el sistema informático de Sarime y, como información, es parte de la base de datos que establecerá las regalías que recibirá el músico y socio.

El porcentaje que las sociedades de gestión como Sarime y Soprofon destinan a su subsistencia no debe sobrepasar el 30% de lo recaudado, según consta en la ley. Ese monto incluye gestiones administrativas e, incluso, judiciales por los inconvenientes de suelen tener al efectuar los cobros que requieren.

Los cobros han incluido ‘tutelas administrativas’, procesos judiciales que se siguen a los medios o espacios que reproducen música de forma pública y que se resisten a pagar por los derechos de autor de sus intérpretes. “Establecer, en el Ecuador, la cultura del respeto para los artistas es extremadamente difícil”, sostiene Beltrán, y matiza: “hay quienes se acostumbraron a no pagar por la música, pero en 11 ocasiones (semestres) los porcentajes han sido progresivos”.

La forma de distribución es proporcional al uso de la música y en espacios públicos el monitoreo tiene que ver más con un sondeo que con un sistema informático: un inspector de Sarime visita los lugares en que se usa la música con fines comerciales y hace un informe sobre la frecuencia de cada artista. Para este semestre, el undécimo en que Sarime efectúa sus entregas, la recaudación total fue de $ 319.200 y las regalías, para los 400 socios de su lista, sumó $ 200.000. La entrega oficial en Quito fue el miércoles 22 de julio y 2 días después se hizo en Guayaquil.

La jornada incluyó, por primera vez, un monto adicional por el uso comercial de la música en EE.UU. porque el copyright demandó otros trámites.  

La recaudación a escala internacional es otra de las metas de estas sociedades sin fines de lucro que aglutinan a artistas y hacen cumplir sus derechos en otros países a través de alianzas con organismos homólogos. Daniel Betancourt y Gerardo Morán están entre los intérpretes más escuchados, por tanto, reciben un monto mayor en relación a las regalías que les corresponden.

En cuanto al reglamento para la aplicación de la ‘ley del 1x1’ que establece que al menos el 50% de la música emitida desde las estaciones radiales del país corresponda a contenidos producidos, compuestos, interpretados y ejecutados en Ecuador, Beltrán considera a esta normativa como un aporte adicional a producción artística, para lo cual habría una exigencia: “nos obliga a hacer mejores propuestas para poder ser competitivos, con más producción y se cobrarán más regalías”.

En 12 semestres, la cantidad que Sarime ha logrado recaudar sobrepasa los $ 4 millones. México, Chile y Argentina son países que están a la vanguardia del cobro de este tipo de regalías por ejecución pública. (I)

DATOS

La ley de Propiedad Intelectual, promulgada en 1998 y reemplazante de la Ley de derechos de autor, estableció la creación de sociedades de gestión colectiva para artistas.

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es el organismo encargado de auditar, de forma permanente, la actividad financiera y legal de las sociedades que controlan derechos de autor en el país.

Sarime es la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador. Algunos de sus socios son los Hnos. Miño Naranjo, Jaime E. Aymara, Segundo Rosero, Margarita Lugue y Tercer Mundo.

Soprofon son las siglas de la Sociedad de Productores de Fonogramas. Los requisitos para asociarse a este organismo tienen que ver con la producción musical de cada artista y su presencia en circuitos comerciales. (I)