El Plan Nacional del Libro y la Lectura reúne las expectativas del sector, conformado por alrededor de 350 bibliotecarios, según la asociación nacional Eugenio Espejo, que agrupa a 130 de especialistas.

“Por algunos requisitos que pide el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), no hemos podido registrar a la totalidad de socios”, explica Verónica Maigua, quien preside la Asociación.

La bibliotecaria trabaja en la Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), en Quito, y cuenta que el cierre de una veintena de bibliotecas públicas, hasta mayo de 2017, se suma a las malas condiciones en que se mantienen otras.

“Algunas están empolvadas, las mantienen como bodegas en distintos centros educativos y, en lugar de eso, queremos que tengan un lugar destacado en el país”, dice Maigua. “En las escuelas del milenio no hay bibliotecas”, asegura la funcionaria.

El Ministerio de Relaciones Laborales no ha dispuesto un escalafón para estos profesionales, la mayoría de los cuales se forman en el oficio y fuera del Ecuador.

Las cátedras para estos profesionales son presenciales y solo se imparten en Portoviejo y Guayaquil.

El trabajo de los gestores del Plan, a través del MCyP, se realiza con la asociación y ya habría una cifra anual definida para estos repositorios, pero aún no se da a conocer. Este Diario pidió una entrevista con quienes están al frente de esta gestión, pero se postergó porque están en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Diagnóstico de los repositorios
Eduardo Puente Hernández es el Director del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) y presidió la Asociación Eugenio Espejo mientras sus miembros recogían sus expectativas en torno al Plan del Libro, cuya elaboración y puesta en marcha constan en la Ley de Cultura.

Mientras organiza una biblioteca (para estudiantes de posgrado y pública) que funcionará en la plataforma gubernamental, al norte de la capital, afirma que la expectativa inicial de los bibliotecarios frente al Plan ha cambiado. “No conocemos que se haya hecho algún acercamiento a la realidad bibliotecaria del país”.

Puente recuerda que, según un estudio del MCyP, se sabe que apenas el 3% de unidades de educación básica y bachillerato tiene una biblioteca en funcionamiento, lo cual da cuenta de que la mayoría de estudiantes del país (4’700.000 para este año lectivo, según datos del MinEduc) no tienen un espacio adecuado para la consulta bibliográfica.

Sobre las publicaciones del desaparecido Sinab (Sistema Nacional de Bibliotecas), EL TELÉGRAFO consultó a Édgar Allan García, director del Plan de Lectura del MCyP, la forma de distribución que tendrían estos títulos. En septiembre de 2017 respondió que “en vista de que en bodega (del MCyP) hay una gran cantidad de libros, los tomaremos para enriquecer bibliotecas existentes”. El centro de acopio de estos textos estaría en Carapungo, según García.

Puente contó que gran parte del acervo de las bibliotecas del Sinab fueron a bibliotecas municipales; el MinEduc está encargado de su liquidación.

Puente integró la dirección de bibliotecas del MCyP y cuenta que “los libros que se editaron con auspicios de esa cartera de Estado no fueron distribuidos en su totalidad; pude ver que había unos 70 mil, se distribuyeron en 6 o 7 provincias, pero quedó un remanente de, al menos, 40 mil libros en bodegas (hasta julio de 2017)”. (I)