Justicia falló en contra de coleccionista Plaza Febres-Cordero

- 11 de abril de 2018 - 00:00
El INPC trabajó en el inventario de las piezas de la colección en 2014. Se registraron 6.064 piezas de cerámica, concha, piedra y cobre.
Foto: cortesía del Instituto de Patrimonio

En 2009 se registró un robo de objetos arqueológicos en un edificio en proceso de incautación. Desde entonces el demandante abrió seis causas con las que intenta recuperar las piezas.

“Se lavan las manos como Poncio Pilato”, dice Luis Plaza Febres Cordero, vestido de blanco, con los cigarrillos en el bolsillo izquierdo, al salir de la sala de audiencia de la Corte Provincial del Guayas, con sus amigos y su abogado.

Las seis causas que presentó desde 2010 en contra de organismos públicos han fallado a favor del Estado.

El pasado lunes, al mediodía, la jueza María Gabriela Mayorga desestimó su apelación por “reivindicación” a favor del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

Plaza Febres Cordero pide que el Estado ecuatoriano reconozca su titularidad sobre un conjunto de piezas arqueológicas de oro, cobre, platino, plata, ciertas piedras semipreciosas y otras muy importantes de cerámica. Él se dedicó a reunirlas más de 40 años hasta que fueron parte de un proceso de incautación.

En 2009 desaparecieron más de 1.500 piezas, según el reporte del INPC y más de 3.000, según el coleccionista cuando estas estaban en un edificio en proceso de incautación por el Estado.

Luego de que todos los procesos han fallado en su contra, Plaza pide “al menos una indemnización. Yo toda mi vida, lo que heredé de mi padre, de mi abuelo, lo invertí haciendo un rescate del patrimonio”.

De acuerdo a la ley sobre patrimonio vigente, “los objetos arqueológicos y paleontológicos son propiedad exclusiva del Estado, ya sea que se encuentren en posesión pública o en tenencia privada. Son inalienables, inembargables y no se los puede adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. El derecho de propiedad lo ejercerá el Estado a través del ente rector de la Cultura y el Patrimonio”.

En la ley no se estipula un proceso de indemnización para estos casos, a pesar de que, según esta, un coleccionista privado puede ser tenedor de una serie de bienes patrimoniales, siempre y cuando cumpla con ciertos “presupuestos y requisitos”.

El INPC trabajó en el inventario de las piezas de la colección en 2014. Se registraron 6.064 piezas de cerámica, concha, piedra y cobre. Foto: INPC

“Uno de los cuales es que las piezas estén preservadas, conservadas y que existan las condiciones técnicas para ello, además de que sean de acceso al público. Lo que el Estado busca es que no le pertenecen a nadie”, dice Viviana Panchi,  asesora jurídica del INPC encargada del caso.

Desde el 20 de diciembre de 2012, por orden fiscal, las piezas están en cadena de custodia del INPC. Esta entidad conserva la colección en el Archivo Histórico del Guayas.

En 2014 trabajaron en un inventario que costó $ 40.000 para el registro y clasificación de las 6.064 piezas que quedaron y cuyos materiales son de cerámica, concha, piedra y cobre. No hay nada de oro, según el INPC, como en su momento declaró el coleccionista.

Plaza Febres Cordero, médico de profesión, dice que   reunió su colección a través de compras o gente que le regalaba, porque muchos de sus pacientes eran campesinos.

En su consultorio siempre tuvo réplicas y la gente le llevaba por ese interés manifiesto. Su colección se expuso entre 1994 y 2001 en el Museo Nahim Isaías. Entonces, este repositorio enfocado en el arte colonial era propiedad del Banco Filanbanco.

Tras la crisis bancaria de 1999, Plaza movió las piezas a 10 de Agosto y Chimborazo, al edificio Equinoxcorp, propiedad de Roberto Isaías, su cuñado, quien le prestó el último piso del mencionado inmueble para que trasladara y resguardara su colección.

“Porque cómo iba a meter  9.000 piezas en mi casa”, dice en el interludio de su última apelación. Al edificio Equinoxcorp iba a limpiarlas los sábados.

Incautación de bienes
En 2008, el Gobierno Nacional inició la incautación de los bienes de los hermanos Isaías. Casi un año después, Walter Galarza, como delegado de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), incautó el edificio en el que se encontraba la colección de Plaza Febres Cordero. “No hay trabajadores ni bienes muebles, solo hemos encontrado una computadora”, dice Galarza según el registro de los medios.

En una de las sentencias de la Corte Constitucional se menciona una declaración juramentada de Plaza Febres Cordero, en la cual, años antes del proceso de incautación, se dice poseedor de una colección arqueológica de la Cultura Prehistórica de la Costa Ecuatoriana, que contiene “9.000 piezas valoradas en $ 95 millones”.

En febrero de 2009, la Corporación Nacional de Arqueología, Antropología e Historia (Conah) visitó la colección de Plaza en el edificio Equinoxcorp. En ese entonces, el Conah trabajaba en el inventario patrimonial programado por un Decreto de Estado de Emergencia del Patrimonio.

Tenía un presupuesto aproximado de $ 3 millones. El inventario inició a mediados de 2008 en la región Costa y registró 7.889 piezas.

Según la ficha de inventario que trabajó el Conah, a cargo de la arqueóloga María Inés Orellana Moscoso, la colección de Plaza Febres Cordero tenía hasta esa fecha 7.589 piezas con objetos cerámicos (3.908), metálicos (1.306), malacológicos (1.435), líticos (823), óseos (85) y de madera (6).

Las piezas de esta colección son de las culturas Valdivia, La Tolita y Manteña. Como acción emergente, el Conah planteó el traslado inmediato de las piezas “a un contenedor seguro que garantice su conservación y curaduría”.

De acuerdo a Joaquín Moscoso, actual director ejecutivo del INPC, este espacio no tenía ventanas, ni aire acondicionado y la colección necesitaba ser resguardada. Además, el informe registra entre sus observaciones que Plaza Febres Cordero pide la devolución de su colección, pues “tiene en planes venderla, ya que no posee un contenedor que garantice su seguridad y conservación”. 

A finales de 2009, cuando se hizo el primer registro oficial de estos bienes, Plaza denunció el robo de varias piezas. Ahora dice que se produjo antes del registro del Conah y nunca pensó vender su colección. La primera denuncia que presentó por ‘inspección judicial’ es de 2010 en contra de los administradores del edificio y, de acuerdo a Moscoso, el INPC asesoró el caso. La causa quedó desestimada.

La justicia ordinaria no pudo notificar a un culpable, cuando, según el titular de esta colección, “ni siquiera estaban forzadas las puertas del edificio”. Plaza se va sin el reconocimiento de su colección y el INPC espera que termine el juicio para decidir sobre las piezas. (I) 

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