El proceso de remoción obedece a un derecho fundamental, el derecho de los ciudadanos a participar de la gestión pública, observar, cuestionar y retirar la confianza de sus autoridades.
Se puede decir que la remoción y revocatoria son por excelencia mecanismos claves para la democracia participativa, que sirven para corregir el accionar de quien incumple sus funciones, no responde a las necesidades ciudadanas; y por tanto que no merece la representación otorgada en las urnas. Así la sola posibilidad de remover del cargo a un Alcalde es una cuestión de democracia.
En Quito es la primera vez que dos pedidos de remoción pasan el filtro de la Comisión de Mesa, pero sería un evento sin precedentes que el Concejo Metropolitano resuelva de una vez por todas la salida de Yunda, bajo las causales de despilfarro, mal uso de recursos públicos e incumplimiento de normas de participación.
Sin embargo de ser éste un mecanismo accionado por los ciudadanos, la decisión le compete a cada uno de los concejales y concejalas del Distrito Metropolitano de Quito que pertenecen a cinco fuerzas políticas: Movimiento CREO, Partido Izquierda Democrática, Movimiento Concertación, Revolución Ciudadana e Independientes (Unión Ecuatoriana).
Estas fuerzas políticas no solo deberán analizar los informes, denuncias y causales, sino que deberán sintonizar el sentir de los quiteños, obedecer a sus electores y priorizar el interés colectivo si quieren mantenerse en la preferencia del electorado.
En la capital de los ecuatorianos estamos a un paso de un hecho histórico que tendrá cita este 2 de junio, en donde en sesión extraordinaria, de forma pública y ante la mirada de toda la ciudad y el país entero, los Concejales y Concejalas escucharán a los accionantes y a la autoridad denunciada y consignarán su voto por la permanencia o salida de Jorge Yunda. Así decidirán el futuro de Quito, una ciudad que no merece el lastre de una administración llena de escándalos de corrupción.
