Tras la protesta indígena, apoyada por sectores de la derecha y oposición, electoreros y desertores, que no logró los objetivos desestabilizadores y hasta golpistas que muchos querían, entre ellos ciertos dirigentes políticos; cuando ha quedado en evidencia la fuerza popular del Gobierno, la enorme adhesión social a la Revolución Ciudadana;  y todavía ciertos analistas destilan amargura y no admiten los resultados y la gran prensa sigue maximizando la marcha y ocultando las concentraciones a favor de la democracia, la pregunta clave es ¿Y ahora qué?

El país espera que lo anunciado por el presidente Correa y ministros se haga realidad; esto es que se dialogue con la dirigencia indígena no contaminada con el golpismo y se logren acuerdos en función de las demandas del pueblo ecuatoriano, que siempre recogió el proyecto político; esto es, la revolución agraria, que significa, agua, tierra, apoyos del Gobierno para crear condiciones de una redistribución equitativa del recurso y avanzar hacia el objetivo de mejorar la producción, con altos niveles de productividad, respetando la naturaleza.

Por otro lado, se debe esclarecer los alcances de la política minera, que guarda relación con el uso de las técnicas explotadoras idóneas y que, con los beneficios que se logren, sirvan para mejorar la vida de las comunidades. El país, tras esta jornada,  impedirá que la distorsión mediática y la demagogia dominen las agendas  políticas y apetitos electoreros.

También se deberá exigir el desbloqueo de los procesos legislativos, que impiden el debate racional de las leyes, que los mismos actores políticos de la marcha reclaman. Están obligados a facilitar su aprobación y a mantener distancias con los oportunistas que en estos  últimos días casi han dado la vida por los “pobres” indios, especialmente aquellos sectores pudientes que a lo largo de la vida los han explotado, discriminado y agredido, ocultando su realidad.

La RC tiene la oportunidad de fortalecerse, incorporando y reincorporando al combate político a diversos grupos políticos y movimientos sociales históricamente claves, que habrán advertido que la protesta no se justificaba, al menos en los términos que la plantearon, sobre la  base de difundir la mentira de que el Gobierno busca privatizar el agua y depredar la naturaleza, así como que  irrespeta los derechos humanos y la protesta social.

Nunca antes como ahora se ha avanzado en la línea correcta. Obligados estamos a exigir que se hagan realidad tantos proyectos y seculares buscando justos objetivos de cambios radicales en el agro, respeto a los derechos de la naturaleza, eliminación de toda discriminación, seguridad alimentaria, organización efectiva del sistema económico social solidario y construcción del estado democrático, intercultural y plurinacional.

Una gran oportunidad para consolidar el proceso y derrotar de manera definitiva a los conspiradores de toda laya, unidos en contra del cambio.