Con el horror producido al estallar un carro bomba en el corazón de una escuela de policías de Bogotá, la ya herida paz de Colombia comenzó una nueva agonía. Los detractores de la salida negociada al conflicto armado que vive este país hace más de medio siglo aprovecharon la situación para atacar el acuerdo de paz y pedir acciones de la fuerza pública, mano dura en términos del principal líder de la derecha colombiana, Álvaro Uribe, para acabar con los grupos alzados en armas.
“Qué grave que la paz hubiera sido un proceso de sometimiento del Estado al terrorismo”, trinó el expresidente, hoy congresista. Uribe es el principal azuzador de los ataques contra los legítimos procesos de negociación con los grupos armados y contra el tratado de paz con la exguerrilla de las FARC, hoy un partido político que también condenó el acto terrorista. Líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como Pastor Alape, opinaron que el atentado “es una provocación contra la salida política al conflicto”. Con ello, dijo, se pretende también cerrar posibilidades de acuerdo con el ELN.
Se sabía que la paz de Santos era una farsa, es una de las frases que repiten los opositores del acuerdo de paz. Con debates como este, las redes sociales se encendieron. “#NoAlTerrorismo ni a la política sucia que se beneficia de él”, responde Lorena Betancur en Twitter ante los uribistas que aseguran que el atentado es un síntoma del poder y legitimidad que terroristas han tomado, dicen, tras las concesiones que dio el acuerdo de paz.
Esto se suma a los cuestionamientos a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de quienes desconocen los aplausos de las víctimas que agradecen esta justicia, una de las columnas vertebrales de la transición a la paz que propone el acuerdo. Con oportunismo político, la derecha ha usado el atentado en Bogotá, el contexto natural de un posacuerdo y los efectos de una atropellada implementación de los puntos acordados para confundir la opinión pública, responsabilizando a la salida negociada de ello.
No señala, entre tanto, las más de 3.500 muertes que se han evitado o la confianza inversionista que generó el fin de la guerra con las FARC. (O)
