Cuando al fin se publicó el texto del proyecto de la Ley Orgánica de Cultura que se trata en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Nacional, ningún artista, gestor o creador se mostró satisfecho. Por el contrario, todos inmediatamente expresaron sus reparos.
Y se hizo público el texto de la ley porque el nuevo ministro de Cultura, el escritor Raúl Vallejo, entendió que no tiene sentido que ese texto sea top secret, más aún cuando previamente habían aparecido decenas de versiones, lo que generó no solo confusión sino un profundo malestar. Al punto de que no son pocos los que, ya incrédulos, consideran que es mejor que no exista una nueva ley.
Raúl Vallejo -además- entendió que era necesario abrir espacios de diálogo y reencuentro con los distintos actores culturales, sobre todo con aquellos que no fueron tomados en cuenta para la elaboración de la ley, como el editorial, por ejemplo. Sector que, hay que decirlo, no es para nada proactivo. Basta decir que la Cámara del Libro debe ser la más silenciosa del planeta. No ha realizado pronunciamiento alguno, no ha emitido opinión alguna. En el borrador de la ley es evidente la ausencia de un articulado que fomente la industria editorial y la Cámara, silencio sepulcral.
El proceso de socialización de la ley permitió escuchar a las voces inconformes, a las voces aún sumidas en la queja y el lamento, pero también a las voces propositivas y abiertas a contribuir a mejorar sustancialmente el texto de la ley. Y eso a pesar de la actitud del asambleísta Raúl Abad, quien preside la Comisión: “No he venido a dialogar, sino a informar”. Desafortunada expresión. Un asambleísta tiene por obligación no solo el dialogar, sino el guardar silencio y escuchar a sus mandantes.
En el programa radial ‘La noche boca arriba’ abrimos un espacio para el debate y el diálogo con casi una veintena de artistas y gestores de los distintos sectores, quienes trabajaron sobre el texto propuesto para analizar y proponer cambios, reparar ausencias -muchas graves- y sugerir articulados de tal manera que se pueda mejorar considerablemente la ley.
Este espacio permitió -además- comprobar que es posible debatir con altura, sobre la base de las ideas y argumentos inteligentes. Un criterio unánime es que el texto tiene demasiadas ausencias y vacíos, incluso conceptuales, y es necesario no solo llenar esas carencias, sino reparar las numerosas -demasiadas- ambigüedades y generalidades.
La ley, como está propuesta, ordena la institucionalidad en el Sistema Nacional de Cultura, pero no lo transforma. Confiere todo el poder al órgano rector -el Ministerio de Cultura y Patrimonio-, pero no genera un espacio, amplio y democrático, para el fomento de las artes, para el crecimiento de las incipientes industrias culturales y creativas, para la preservación de nuestra diversidad cultural y peor la interculturalidad.
Y tampoco clarifica el camino para el ejercicio pleno de los derechos sociales y culturales; acceso al seguro social, reconocimientos laborales, etc. Y no todo se puede resolver con un reglamento. Es necesario tener una ley clara y expedita sabiendo cuál es el camino y a dónde se quiere llegar. Es decir, cuál es el Ecuador cultural que queremos construir. Y eso es justamente lo que, al parecer, aún no tiene claro ni la Asamblea Nacional ni el Ejecutivo. (O)
