El orden internacional vigente tiene reglas draconianas para los países empobrecidos del Sur. Una muestra son los tratados bilaterales de inversión (TBI), documentos suscritos por los países receptores del capital transnacional para proporcionar condiciones jurídicas favorables al inversionista extranjero.
Los TBI, firmados en forma mayoritaria en la época neoliberal, contienen disposiciones no acordes con la Constitución aprobada en 2008. Dicho de otra manera: la obligación constitucional de que las inversiones extranjeras sean complementarias a la inversión nacional, se rijan por las prioridades de los objetivos de desarrollo humano y no limiten, de manera directa o indirecta, el acceso a medicamentos o servicios de salud. De diecisiete TBI, el Presidente de la República hizo el pedido de denuncia o la terminación de trece, a la Asamblea Nacional en 2009.
Estos tratados bilaterales de inversiones han significado varios años de renuncia, por parte del Estado, a la aplicación de políticas públicas (tributaria, ambiental, laboral, legislativa, judicial, financiera); han anulado opciones de acumulación propia; han imposibilitado la creación de normas de discriminación positiva en favor de los agentes nacionales. En resumen, han inhibido la formación de capital ecuatoriano, conculcando al mismo tiempo potestades públicas básicas para el bienestar.
Para denunciar estos tratados se requiere aprobación de la Asamblea Nacional, que todavía no se ha pronunciado sobre varios de ellos. Su aprobación no implica desproteger a la inversión extranjera, pues esta se encuentra resguardada por todos los convenios multilaterales comerciales y financieros vigentes, y por las propias normas constitucionales.
La denuncia de los TBI y del convenio que creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, Ciadi (2 de julio de 2009), son un avance hacia un enfoque alternativo del comercio, en el que prevalezca la equidad para las partes y no la ventaja de aquella que posee mayor capital. El Ciadi, instaurado por el Banco Mundial y suscrito por el Ecuador en 1986, cierra el círculo para favorecer al capital extranjero, en un tribunal en el que la soberanía nacional es degradada al nivel del interés pecuniario del capital transnacional.
En paralelo a la denuncia de los TBI y el Ciadi, en un proceso sinuoso por las millonarias demandas enfrentadas por el Estado, es necesario perseverar en la creación de un espacio de “solución de controversias” propio de la región suramericana. Lo que significa un avance más en las tesis de integración de los países de nuestra América y una alternativa a los sistemas tradicionales de arbitraje en materia de inversiones.
