Si hubiese una sola prueba concreta e inobjetable para acusar a Jorge Glas del delito de asociación ilícita, sería uno de los más radicales adherentes a la condena por haber traicionado los ideales de la Revolución Ciudadana.
Desde luego que no puedo considerar como lícitas ni admisibles las aseveraciones de los delincuentes brasileños ejecutores de las acciones nefastas de Odebrecht que introdujeron sus garras mañosas en doce países.
Las cacareadas pruebas existentes en el pendrive fueron descartadas por el perito independiente Luis Hurtado Vargas y no existe ningún otro testimonio que no esté viciado de nulidad.
El fiscal Carlos Baca Mancheno carece de idoneidad: lo conocí cuando formaba una comisión con Óscar Bonilla, que había sido encargada por el presidente Correa para investigar los sucesos del 30-S y pedían mi testimonio sobre una conspiración policial que yo hubiese podido descubrir mientras ejercí el Ministerio del Interior. Entonces era un ferviente correísta que quería encontrar culpables a como diera lugar.
¿En qué momento este individuo dejó de lado su militancia correísta para convertirse en sabueso en contra de Glas? ¿Él es parte del evidente conflicto divisionista que se ha incrustado al interior de Alianza PAIS?
Algo que no tiene explicación es que la Fiscalía exonere a los delincuentes de Brasil y se ensañe a forjar un delito político.
La acusación particular presentada por el politiquero César Montúfar que apareció al público como miembro de una entidad financiada por Estados Unidos, fue admitida a trámite a pesar de ser inconstitucional e ilegal, pues hizo uso de un derecho difuso o colectivo cuya titularidad no puede ser usada en forma individual por nadie, como en este caso, por quien persigue protagonismo político y posible beneficio económico.
El Procurador General del Estado ya se pronunció cuestionando la aceptación de esta acusación particular por improcedente, pues viola el debido proceso.
En verdad, este es un juicio histórico. (O)
