Vivimos en un mundo con fuerte conexión e interdependencia entre los estados nacionales, con una economía ampliamente liberada, en especial gracias a acuerdos comerciales mundiales y otros de menor alcance vigentes, lo que en general causa determinados efectos a las personas, empresas y organizaciones. Nadie ni nada escapa a esta circunstancia; ya casi no es factible concebir y menos construir al Estado y a la sociedad al margen de esta realidad evidente, lo que debe ser comprendido a plenitud por aquellos que tienen la responsabilidad de conducir a buen puerto esta pesada y maltrecha nave llamada Ecuador.
Dentro del país la Constitución es la Norma Suprema, la más importante, sin embargo, sus contenidos referidos a la economía y su funcionamiento son los que primero se resienten o moldean según las dinámicas, compromisos y relaciones en el plano internacional, así lo que se denomina “Constitución económica”, es decir aquel conjunto de cláusulas sobre cuestiones relacionadas con el sistema económico, sus principios y fines, la propiedad, las libertades, la empresa, la inversión, la producción, y todos los derechos que le son inherentes, finalmente se amolda a lo que sucede en el mundo.
Según el art. 283 de la Constitución vigente, entre otras cosas, el sistema económico “propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza”. Esta concepción y orientación del sistema económico debe interpretarse en el marco de la realidad contemporánea. La Constitución de 1998 a través del art. 244 establecía el rol del Estado dentro del “sistema de economía social de mercado”, todo lo cual debía responder a “los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad”. Si se hace una comparación detallada de estas dos concepciones sobre la organización, funcionamiento y orientación de la economía ecuatoriana a primera vista podemos concluir que se trata de sistemas muy similares, y que las diferencias más obedecerían a una especie de juego de palabras para decir lo mismo con diferentes términos. Lo de fondo, en ambos casos, se comprende al sistema económico edificado sobre las mismas bases, con lugares especiales reservados para el Estado y la sociedad con sus agentes, bajo reglas del mercado y propendiendo a cuidar y utilizar racionalmente la naturaleza.
Con este panorama sobre el sistema económico nacional podría decirse que el problema no es la Constitución, ni está allí, sino que radica en las políticas que se implementan y, sobre todo, en la legislación adoptada a partir de ella, que para el caso que interesa es una normativa frondosa, enrevesada, compleja y en no pocas ocasiones antitécnica y hasta contraria a previsiones constitucionales.
Vemos por lo tanto que respecto al sistema económico -y también diríamos para su reactivación plena-, la cancha está trazada con las disposiciones constitucionales vigentes y los compromisos internacionales adquiridos, pero es absolutamente necesario emprender en un proceso de reformas legales importantes para fortalecerlo y ponerlo a tono con lo que el país necesita con premura, proceso que aún lo vemos lejano por falta de acuerdos políticos fundamentales, y por la calamitosa situación de la legislatura como poder soberano y plural por excelencia, entrampada en una mezquina lucha política, antes que cohesionada en favor de los intereses nacionales más apremiantes. Esta es la tragedia del presente, que pasa una factura cada vez más abultada a las grandes mayorías de nuestro país.
