En el transcurso de más de 50 años de ejercicio periodístico  en diarios locales, nunca he contemplado tanto bullicio y escándalo, como el que se registra en la actualidad, por el proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación, que ha entrado en una de sus últimas etapas, previamente a su aprobación en el pleno  de la Asamblea Nacional.

Diarios, canales de televisión,  organizaciones de dueños de medios a nivel internacional, gremios de sus empleados y politicastros  en intensa  campaña, advierten el peligro  de la libertad de expresión y el supuesto advenimiento de un régimen tiránico.

En el fondo los medios de comunicación  “independientes”, convertidos en actores políticos, temen perder, definitivamente, sus privilegios e influencia en la ciudadanía, al entrar en vigencia normas que garanticen su conducta y responsabilidad en el ejercicio de sus actividades. Es que ya avizoran, sepultados el monopolio y control de la opinión pública.

Se ha levantado una polvareda informativa, entrevista a los mismos de siempre y comentarios amañados para confundir la definición de libertad de expresión y democracia. Así de fácil, acusar al primer mandatario, Rafael Correa, de dictador y pretender silenciar a la prensa. Se olvidan que la democracia es una forma de gobernar en que la soberanía reside en el pueblo. El Presidente es nuestro representante popular designado por elecciones libres.

Rememoramos a los rabiosos que la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los dueños de los medios, sino un derecho del hombre consagrado  en declaraciones universales.

La prensa  privada confunde opinión con calumnia, el derecho a la crítica con la ofensa y levanta, astutamente, la bandera de la libertad de expresión y se declara perseguida.

Los casos de los dos o tres periodistas enjuiciados  penalmente devienen de acusaciones sin sustento y de ninguna manera implica represión a la libre forma de pensar.

La bullanga no tiene eco. Los foros organizados para un profundo análisis del proyecto de ley son una respuesta a los contumaces conspiradores. La Ley de Comunicación terminará con el falso poder y el abuso de los que se creen dueños de la verdad. Se aspira a un periodismo serio, que difunda la  veracidad de los hechos y contribuya a la formación de una opinión  pública correcta.