Al final de las especulaciones, entretenimientos teóricos, lamentos y engaños, se difundió la nueva carta de intención, la número 14, que el FMI exige e impone, con sus contenidos “negociados” y medidas tradicionales.
Los “ejes” de la mism se relacionan con un préstamo de $ 4.200 millones para ser entregados por partes en 3 largos años. Son las viejas medidas de los “paquetazos” desde Oswaldo Hurtado hasta 2006. En efecto, se dice que habrá “prudencia” fiscal, para imponer un “reajuste de la masa salarial” del sector público, que entraña una política de despido masivo de trabajadores, habiéndose anunciado, que no se renovarán contratos por servicios ocasionales, que se eliminará las partidas de unos 4.000 trabajadores de las empresas públicas y que no se renovará el contrato del 50% de empleados del sector “no social”; y que se ampliará (entiéndase reducirá) los salarios al nivel del sector privado.
Se anuncia también la reducción de subsidios (alza de precios) a los combustibles, el incremento de impuestos indirectos, como el IVA, en unos $ 5.000 millones (5% del PIB) y se aumentarán las tarifas de los servicios públicos (estos son agua, alcantarillado, electricidad, transporte, etc).
En cambio, se reducirá el impuesto a la salida de divisas ISD; por cierto, que está decidido aplicar una política de “flexibilización” laboral, o sea libre contratación, con lo que se ampliarán los abusos, despidos, etc. Por supuesto que la derecha, que maneja la economía nacional, a través de sus voceros, muy sueltos de huesos, desde el otro extremo de las ofertas electorales y planes de gobierno, no se cansan de repetir que su propósito es la “creación de empleo”, la competitividad, en fin, promesas de “prosperidad”, apellido de su propio plan, y hasta de “transparencia”; eso sí, “reforzando”, como siempre, el sector financiero, pero “protegiendo” a los pobres y, por cierto, “combatiendo” la corrupción, de la que son tan ajenos, como lo fueron con la “sucretización” de la deuda externa de los poderosos y el “salvataje” bancario para encubrir los millonarios atracos a los depositantes con dineros del BCE, es decir del pueblo ecuatoriano.
Eso sí, recuerdan que hay el plan “Toda una Vida” y que se debe “reducir la pobreza”, todo lo cual requiere, agregan, el “esfuerzo ciudadano”. Por fin, con descaro afirman que “la empresa privada administrará los activos del Estado, con lo que ampliarán el atraco y redoblarán sus malhabidas ganancias. (O)
