En los sistemas políticos republicanos el cargo público es un trabajo remunerado por medio del cual se encarga a un servidor con el cumplimiento de determinadas funciones estatales. El criterio central para llenar la vacante es la idoneidad y adecuación funcional de la persona a las tareas que le han sido definidas. En estas, los recursos encomendados a su cuidado deben ser siempre tratados como cosa ajena, como bienes del patrono que deben ser administrados con probidad: No importa cuál sea el monto de estos recursos o la magnitud de las responsabilidades involucradas, el funcionario no puede tocar un centavo, más allá del definido en su salario.
En sistemas institucionales como el ecuatoriano, en cambio, es frecuente entender el cargo público desde una perspectiva muy distinta: como sinecura. La sinecura o cargo venal concibe al puesto público como “premio” que se concede al titular en recompensa por servicios prestados a la autoridad nominadora o a quienes tienen potestad o influencia sobre esta. En este caso, la idoneidad funcional es totalmente irrelevante, porque la prestación pertinente consiste en los servicios de fidelidad política pasados, presentes y futuros. Asimismo, tratándose de una recompensa (contraparte de la gratitud), se entiende que, mientras el funcionario cumpla su parte del trato político con su nominador, lo demás que haga no es ni ética ni administrativamente relevante.
La posibilidad de medrar es, a menudo, parte tácita del premio. De esta manera, se sobreentiende que el apoyo a un candidato es una inversión lucrativa. El cargo venal es una moneda de circulación del poder y no un instrumento de cumplimiento de objetivos universalistas para la comunidad. Por cierto, el ocupante de la sinecura debe cuidar de no llevar su descuido de deberes funcionales, al punto que esto implique costos políticos para su facción, protector o mandantes; pero cubierto este mínimo, todo lo demás es bien ganado provecho particular. (O)
