En Ecuador y en particular en los municipios la política debe mirar a la planificación como una herramienta para construir futuro, con soluciones a problemas graves que requieren tiempo, planes, inversión y sostenibilidad.
Actualmente en el país el 32.6% de los habitante viven pobreza multidimensional; es decir, no tienen vivienda, viven hacinamiento, no acceden a servicios básicos, educación y no poseen capacidad económica.
Hoy es notorio el aumento del desempleo, inseguridad y problemas relacionados a la salud mental. En Quito 14 de cada 100 personas están desempleadas, lo que corresponde al 13,5% de su población económicamente activa; y, dado el cierre de negocios y restricción de aforos el empleo pleno ha decrecido en un 10%.
Si una persona no tiene ingresos su calidad de vida disminuye, por tanto siente frustración, angustia, y pueden aparecer síntomas de ansiedad e irritabilidad. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud el 30% de las personas que se han autolesionado o suicidado padecían depresión, por ende es vital una política pública nacional y local de salud mental, prevención y acompañamiento terapéutico.
La inseguridad es otra arista que se debe atenderse, Quito es una ciudad en donde se han incrementando las muertes violentas, asaltos, robos y delitos vinculados al narcotráfico, aquí si bien existe una competencia del Gobierno Nacional, no es menos cierto que la municipalidad debe coordinar, trabajar en prevención de la violencia y control del espacio público.
Lo citado nos convoca a repensar el desarrollo desde lo local, a pensar en soluciones estructurales, en un ejercicio de planificación y presupuesto real, que se enfoque en políticas públicas de largo plazo por sobre prácticas inmediatista y obras de oropel.
En una sociedad en donde la política es desechable, una administración responsable debe incorporar lo verdaderamente importante en la agenda pública, y el desarrollo debe repensarse desde las ciudades.
