¿Qué tienen en común las reformas educativas en países tan diferentes como Chile, México y Perú, con la que se intenta imponer en Argentina? Que todas se originan en el Banco Mundial. Desde la concepción neoliberal, este organismo impone las reformas educativas marcadas por la privatización y mercantilización de la educación, en un contexto de culpabilización, estigmatización y desvalorización del trabajo docente desde los sectores del poder.
La reforma educativa argentina que se expresa en el proyecto de Ley denominado Plan Maestro (proyecto que en la actualidad sigue en estado “borrador” y no se ha presentado oficialmente en el Parlamento) guarda estrecha relación con el documento “Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe”, elaborado por economistas del Banco Mundial en 2014.
Este organismo impulsa una receta única basada en tres pasos: 1) pruebas censales a los estudiantes con una divulgación de los resultados, bajo el lema de transparencia; 2) pago de bonificaciones a las escuelas basado en el progreso de los aprendizajes de los alumnos, bajo la lógica del premio; y 3) evaluación individual y voluntaria a los docentes para que rindan cuenta de su desempeño, acompañada de recompensas financieras a aquellos que acepten ser evaluados y muestren buenos desempeños.
La lógica que subyace al documento expresa una relación directa entre enseñanza y aprendizaje, negando la existencia de múltiples factores que actúan como condicionantes de esta relación. Se afirma que sólo se precisan “profesores excelentes” para mejorar los aprendizajes, en tanto el docente es el único responsable de la calidad de la educación que se expresa a través de los resultados de “pruebas estandarizadas”. Se asocia a la educación con el crecimiento económico y la competitividad y se afirma que en los países que las aplicaron se observan resultados positivos.
Como lo hizo en los 90 en Argentina, el Banco Mundial ofrece “las recetas” que permitirán remediar los problemas educativos. Estas recetas apelan a conceptos amplios como “las mejores prácticas” o “las competencias para el siglo XXI”, y son lo suficientemente ambiguas como para permitir su adaptación a las agendas políticas locales. (O)
