Nuestro pueblo es profundamente democrático. Ha protagonizado significativos acontecimientos en su lucha por una sociedad mejor.
En ese afán, un grupo de compatriotas crea el 19 de febrero de 2006 Alianza PAIS, movimiento político que llevó a la Presidencia de la República al Ec. Rafael Correa D., cuyo proyecto político de cambio, la “Revolución Ciudadana”, se propuso desde sus inicios reemplazar el modelo económico neoliberal por otro con visión socialista.
Con ese propósito implementó un programa patriótico y de transformaciones sociales con mira a lograr el “buen vivir”. Objetivo fundamental de la Constitución Política, aprobada en Montecristi.
Por supuesto, algunos sectores de la izquierda progresista apoyaron el proyecto. El mismo que hace medio siglo los jóvenes revolucionarios, agrupados en URJE (Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas), lo reivindicaban solo a través de la lucha armada. Para la cual, si bien existían las condiciones objetivas, no estaban dadas las subjetivas para impulsar un proceso revolucionario.
Luego de cuatro años y un poco más del accionar gubernamental, no obstante el colapso financiero mundial, nadie puede negar que la Revolución Ciudadana ha logrado la estabilidad política, y económica, mejorado la calidad de vida de las mayorías, así como el plan vial y respetado las libertades políticas y sociales.
En cada enlace sabatino, los pueblos demuestran su agradecimiento al Presidente de la República.
De ahí que el mandato popular del 7 de mayo, no obstante de que se unieron todas las tendencias opositoras y el apoyo abierto de los medios de comunicación y de la Iglesia, el Sí triunfó, constituyendo la quinta victoria electoral gobiernista.
El mandato consistió en preguntar al pueblo sobre cinco aspectos que implican enmiendas a la Constitución y cinco de consulta sobre aspectos importantes del país para modernizarlo y democratizarlo.
El relativo a la modernización de la justicia es uno de los fundamentales. El carácter dogmático de nuestro sistema procesal y la existencia de normas, que por obsoletas ya no consiguen regular una realidad social, en la que han aumentado y profundizado los conflictos -por un lado- y -por otro- la falta de independencia y su politización, a lo que se suman la corrupción y la impunidad, han alterado un valor de primordial connotación, como es la seguridad jurídica. Por eso cada vez se cree menos en la justicia, y con razón. Ojalá que con su modernización se humanice, se sensibilice, y no sea solo para el de poncho sino también para el de cuello y corbata.
La consulta del 7 de mayo dejó un llamado a las fuerzas progresistas: ampliar y fortalecer la base social. Opción indispensable para radicalizar el proceso de cambio a favor de las mayorías y de la nación.
