Un proyecto controversial

- 14 de agosto de 2018 - 00:00

La media sanción obtenida por el proyecto de ley denominado Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana resultó de un rico intercambio, tanto al momento de debate en el recinto de Diputados, como en el trabajo de comisiones durante los meses de mayo y junio. Sin embargo, a pesar de las significativas mejoras introducidas al proyecto original, la iniciativa conserva importantes controversias.

El régimen propuesto busca intervenir sobre 4228 de los denominados barrios populares que conforman el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración (Renabap). Es para celebrar la decisión oficial de asumir una política de carácter nacional sobre el hábitat informal, más aun cuando incorpora el trabajo de cooperativas en el desarrollo de infraestructuras urbanas y suspende medidas de desalojos por 4 años pero también es necesario advertir que la legislación tiene un carácter remedial de lo existente. La iniciativa no aborda cuestiones referidas a las causas de la informalidad y presenta aun complejos desafíos derivados de los instrumentos y las políticas que establece.

El proyecto promueve la expropiación como herramienta legal privilegiada en el camino a la regularización dominial de los barrios populares y una vez expropiadas las tierras por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), o transferidas a esta por otros medios, las tierras pasarán a conformar un fideicomiso con el que se buscará promover un proceso de inversión público privada, que financie la integración urbana de los barrios.

La expropiación a través de la Ley 21.499 constituye una salida poco eficiente y costosa para el Estado Nacional. En nuestro país, y en la provincia de Buenos Aires en particular, son los gobiernos locales los que, quizás signados por la lógica de la necesidad, aportaron mayor dinamismo en materia de gestión territorial vinculada al uso, la ocupación y subdivisión del suelo, es allí entonces donde pueden buscarse políticas alternativas. La carencia de leyes de ordenamiento territorial a escala nacional no impidió que distintos municipios instrumentaran dispositivos legales y normativos para incidir en el desarrollo y expansión de sus ciudades.

Si bien existen casos de ordenanzas de expropiación, las gestiones más difundidas para regularizar situaciones de asentamientos informales, desde el punto de vista dominial, pasan por los convenios de compensación de deudas, la prescripción administrativa establecida en la Ley nacional 24.320, las declaraciones de vacancia por abandono calificado de tierras, los procesos de regularización dominial con base en la Ley nacional 24.374, los juicios de apremio ante la existencia de deudas fiscales, y las sanciones económicas de diversa índole a propietarios que incumplen disposiciones específicas en materia de seguridad e higiene por ejemplo. Si bien estas políticas pueden no estar directamente relacionadas a los barrios del Renebap, contribuyen de manera indirecta a potenciar la capacidad de agencia de los estados locales en materia de hábitat, incrementando oferta de suelo y haciéndose de ingresos fiscales para el financiamiento de las políticas.

En lo referido a la integración urbana, la iniciativa se apoya en el Ministerio de Desarrollo Social, para articular escalas de gobierno, y establecer los planes de obra de infraestructura adecuados en cada barrio, vale destacar aquí las modificaciones introducidas al proyecto original, puesto que procuran incorporar las iniciativas existentes y experiencias previas en relación a las metodologías de intervención. Al margen de estas complejidades, resulta central en este contexto el financiamiento de los proyectos de infraestructura, y la estrategia elegida conforma fideicomisos dispuestos por el Poder Ejecutivo al que se incorporarán las tierras transferidas o expropiadas por la AABE, aportes del tesoro nacional asignados por la ley de Presupuesto, fondos provistos por organismos internacionales u ONG, ingresos por legados y donaciones, ingresos por la regularización dominial de las viviendas, y operaciones de crédito público.

Respecto a esto, dada una política económica que tiene como directriz la reducción del gasto público y el endeudamiento, caben las preocupaciones asociadas al riesgo de obtener financiamiento garantizado en base a los inmuebles incorporados, y el flujo de ingresos por recobro a los ciudadanos.

*Departamento de Economía y Administración - Universidad Nacional de Moreno

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