Se premia a Baltasar Garzón en la Argentina. En la ciudad de Mendoza, oeste de ese país, la Universidad Nacional de Cuyo le otorgará al juez español (destituido por las máximas autoridades tribunalicias madrileñas) el máximo reconocimiento de esa institución. Garzón será “doctor honoris causa” allí. Es un acto de justicia necesario. Quien quiso juzgar los crímenes de Pinochet, quien persiguió los métodos aberrantes de la dictadura argentina, es también quien intentó que los actos represivos del franquismo fueran sometidos a juicio.
Demasiada audacia, dictaminaron en la justicia española; está bien juzgar a los latinoamericanos, pero no nos metamos con los problemas de casa, que bien quedaron escondidos bajo la alfombra tras los acuerdos de La Moncloa. Sobrevino la sentencia negativa contra Garzón, la cual fue percibida como vergonzosa e inconsistente por gran parte de la opinión pública internacional.
Por ello es importante ahora recuperar el buen nombre y la plena honra del hoy ex juez, quien por otra parte (y no casualmente) ha asumido la defensa de Assange, recluido en la embajada ecuatoriana de Londres. Inglaterra retiró la amenaza de entrar a la embajada ecuatoriana para detener al australiano (insólita posibilidad inicialmente sugerida), pero sigue sin cumplir a plenitud las convenciones internacionales, al no otorgar a Assange el salvoconducto para salir de Gran Bretaña. Y esto es, obviamente, otro capítulo de lo mismo que en estos días WikiLeaks está publicando: los frutos de un “estado de excepción” autodeclarado por la máxima potencia, acorde al cual hay un recorte rotundo de los derechos individuales y las garantías democráticas y civiles, desplegado a nivel mundial.
Garzón ha tenido la valentía de asumir la defensa de Assange, lo cual es ponerse en una situación nada cómoda. Y sin dudas que esto liga la suerte de ambos, los asocia en un destino que es -al menos en parte- compartido. De esta manera, sin dudas que el premio a Garzón opera -aunque no se lo diga expresamente- como un apoyo a Assange en la situación afligente a que se lo somete por parte del Gobierno británico, esa administración títere -en lo diplomático- de la gran potencia mundial.
Premiar a Garzón es hacer notar que la nueva causa que ha asumido es, como casi todas las anteriores, democrática y compartible: la defensa de las garantías jurídicas de las personas, sobre todo de aquellas que se atreven a desafiar los secretos de quienes tienen (como pretendidos y en parte reales amos del mundo) demasiados asuntos para esconder.
