Dirán que no porque el cálculo político prima por encima de cualquier otra cosa. O dirán que sí exactamente por la misma razón. Pero claramente lo que se nos viene el 7 de febrero es una cita con el caos y la improvisación.
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional acaba de persuadir a la Universidad de Guayaquil de postergar la elección de sus autoridades previstas inicialmente para esta semana. La decisión se tomó pensando en las 45.000 personas habilitadas para votar y que estaban expuestas a la pandemia. Bajo este mismo razonamiento, ¿podría darse una alteración en el calendario electoral del próximo año y evadir el riesgo de un contagio masivo? En junio pasado el Tribunal Contencioso Electoral, que ya sabemos que no es un ningún dechado de virtudes, resolvió que cualquier cambio atentaría contra los términos señalados en el Código de la Democracia. Habría que ver si internamente ha revisado su postura, pero todo parece indicar que no.
El Consejo Nacional Electoral tiene un plan bendecido por el mismo COE nacional y que ya ha sido ensayado. El dispositivo incluye la entrega de implementos de desinfección y protección a los miembros de las juntas electorales y contempla acciones especiales como la instalación de las mesas en lugares abiertos. Pero una cosa es el simulacro a escala y otra cosa es tomarle el pulso a la realidad nacional de febrero. Los ciudadanos que iremos a votar tendremos que retirarnos la mascarilla momentáneamente para que la autoridad constate que somos los mismos cuyas fotos aparecen en las cédulas. En mi caso, debo votar en un colegio que tiene un patio y una cancha de basquetbol. Sospecho que será inevitable recurrir al uso de las aulas.
Quizás habría que observar las experiencias pasadas y la clave está en el ausentismo. Es tradicionalmente alto el porcentaje de miembros de las Juntas Receptoras del Voto que prefieren no ir y enfrentar las sanciones. Y lo mismo ocurre con los votantes: en los comicios de 2017 algo más del 18% de las personas habilitadas para sufragar decidieron en casa. Si en situaciones normales no acudieron, ¿qué podemos esperar para ese domingo 7?
Mientras tanto, los asesores de campaña estarán haciendo números y quizás a medida que se acerque la fecha los veremos alinearse convenientemente a favor o en contra de una posible postergación. Pero este no es un tema electoral; aquí debe primar el sentido común. Quizás el CNE deba ponerse a trabajar en serio en un plan más sensato sin que cueste mucho más, como por ejemplo extender considerablemente el horario de votación y buscar alternativas sostenibles a los recintos cerrados. En este punto me pregunto cuándo dejaremos el modelo del voto obligatorio.
República Dominicana postergó sus elecciones presidenciales de mayo a julio. Levantaron el toque de queda solo para esa semana y mantuvieron el estado de emergencia hasta el 1 de diciembre. Bolivia sufrió un rebrote de casos entre julio y agosto y retrasó dos veces sus comicios hasta instalarlos por fin en octubre. Paraguay y Chile resolvieron empujar hasta 2021 sus elecciones municipales (octubre y abril, respectivamente).
Entiendo que buena parte del país quiere un pronto relevo en Carondelet pero si algo nos ha enseñado la pandemia es que hay que ser flexibles para poder ajustarnos mejor y sobrevivir. Quizás es momento de escuchar menos a las encuestadores y más a los expertos en salud. (O)
