El informe presentado por el Gobierno a la Asamblea Nacional muestra resultados de una política económica responsable en lo social y político, de visión integral, coherente con una política internacional soberana y un proceso serio de cambios.
Desde sus inicios, el objetivo de la política económica ha sido el crecimiento de la producción, mejorar la productividad y los niveles de vida de la población, reduciendo la pobreza, el desempleo y subempleo, redistribuyendo el ingreso con políticas sociales que benefician a las masas populares, sobre todo en los ámbitos de la salud, educación, vivienda y seguridad social.
Todo, en el marco del manejo soberano de la economía y de rechazo a las políticas de ajuste del FMI en tiempos de la partidocracia; manejo productivo de la deuda, sin encadenarse a la banca local y chulqueros internacionales.
Hubo decisión y firmeza para recuperar el petróleo y se fomentó con visión de largo plazo el sector energético, que ahora permite tener bases para construir un modelo productivo, con desarrollo industrial diverso y tecnológico, aprehendiendo el conocimiento más avanzado.
Se afirmó que Ecuador dejó de percibir en 8 meses $ 2.241 millones por la baja del precio del petróleo y se ha podido resistir; que con un precio de $ 58 el barril podemos superar el shock, debido a que se actuó con tino frente a la apreciación del dólar y las políticas devaluatorias de los países vecinos. En efecto, al estar dolarizados e imposibilitados de aplicar políticas monetarias y cambiarias, se asumieron medidas arancelarias (salvaguardias) sin provocar inflación; las cuales se manejan con ajustes fiscales y del apoyo financiero a la seguridad social, sin afectar intereses de afiliados ni jubilados; sin sacrificar la continuación de los megaproyectos y programas sociales; sin ‘paquetazos’ de medidas antipopulares. Todo esto ha sido posible porque ahora se tienen fuentes alternativas de financiamiento externo y se ha frenado en alto grado la evasión tributaria, que condujo a la oligarquía a eliminar hasta el impuesto a la renta, beneficiando a poderosos capitalistas.
Todo esto se justificó con datos: 4,3% de aumento del PIB no petrolero; 10% de aumento en la recaudación de impuestos a la renta e IVA; 5,13% de aumento de los depósitos bancarios; 8% de aumento de las utilidades de los bancos; reservas internacionales del orden del 5% del PIB ($ 4.800 mill.); inflación anual acumulada de 4,32% hasta abril y de un poco más del 2% en lo que va del año; inversión pública equivalente al 12% del PIB, esto es tres veces más que el promedio de A. Latina; incremento a más del doble de afiliados al IESS (3,2 mill.); 400% de aumento de la inversión social en relación a 2006 ($ 575 por habitante); 1,5 millones de habitantes salieron de la pobreza; universalización de la educación básica, crecimiento de la atención médica de 16 a 39 millones de personas entre 2006 y 2014.
Continuó el manejo de la política internacional con visión soberana, solidaria, contribuyendo a la construcción de la Patria Grande, y a la unidad de los pueblos, en materia de defensa, desarrollo, comercio y finanzas, redoblando la solidaridad con Cuba, Venezuela y los países del Sur que buscan la organización de un mundo multipolar.
Se reiteró en la firme decisión del cambio, la necesidad de un trabajo coordinado del Estado, que contribuya a crear leyes para el crecimiento, justicia, progreso social, soberanía, en un marco de lucha contra la corrupción, que se la debe asumir con visión integral y permanente sin perder el objetivo del socialismo del siglo XXI, lo que no fue expresado en forma directa. (O)
