La peligrosa reforma de la seguridad social de Guillermo Lasso

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Cepeda, en funciones desde octubre, por fin anunció qué medidas tomará el Gobierno nacional frente a la crítica situación del IESS.

En abril, recién, el presidente de la República, Guillermo Lasso, presentaría un proyecto de ley reformatoria. La propuesta es tardía considerando que, según las valuaciones actuariales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con corte a diciembre de 2018, ya advertían que, en un escenario pesimista, desde 2020, tanto el fondo de salud como el fondo de pensiones tendrían déficit; es decir, los gastos serían más altos que los ingresos.

Francisco Cepeda anunció que la reforma previsional consistiría en subir la edad para la jubilación, ajustar el cálculo de las pensiones, la cuenta de capitalización individual y el aporte del Estado en función del producto interno bruto (PIB).

En este contexto, en caso de concretarse, este proyecto de ley sería la reforma más sustancial a la seguridad social; y, también, el mayor retroceso de la historia.

El actual modelo de seguridad social responde a un sistema basado en la solidaridad; en otras palabras, los hijos aportan para el pago de las pensiones de sus padres, los sanos aportan para el pago de los servicios de salud de los enfermos y los trabajadores de la ciudad aportan para el seguro social de los campesinos y pescadores artesanales. En contraparte, el modelo de la cuenta de capitalización individual ha probado ser un rotundo fracaso en países como Chile que, en la actualidad, a través de su Convención Constitucional, están bregando por eliminar este modelo impuesto por la dictadura de Pinochet de la mano de las reformas neoliberales de los Chicago Boys.

Por otra parte, desde 1942, legalmente, el Estado está obligado en aportar el 40% de las pensiones para garantizar la sostenibilidad institucional. En este punto, pretender fijar el aporte del Estado en función de los vaivenes del producto interno bruto es poner en grave riesgo el futuro de las pensiones de más de medio millón de jubilados y más de tres millones de afiliados. El Gobierno nacional no entiende que la salida de la crisis económica es la inversión pública; por el contrario, frente a la crisis fomenta mayor contracción de la economía condenando a todo el país. Con la propuesta, por ejemplo, si vuelve a repetirse la pandemia en que el PIB decreció 7.8% significaría una reducción igual en el aporte del Estado habiendo menos recursos para el Instituto y sus beneficiarios en un momento en que, a contracorriente, es necesario mayor presupuesto para enfrentar la crisis.

Finalmente, una vez más, las reformas a la seguridad social de cara a la crítica situación del IESS esconden que la Organización Internacional del Trabajo, también, recomendó el cobro de las deudas de más de USD 16000 millones por parte del Gobierno nacional y más de USD 1800 millones por parte de los empleadores morosos.