En la época lejana en que los pistoleros del Oeste norteamericano resolvían sus diferencias a punta de balazos, los asaltantes de caminos tenían una frase lapidaria: “La plata o la vida”, porque así era la disyuntiva: o entregabas el dinero o te despachaban al otro mundo.
Desde entonces a la fecha, muchas cosas han cambiado en el mundo, menos el carácter delincuencial que impera en medio de la propiedad del dinero.
Y es lo que ahora nos pasa a los ecuatorianos y a otros países cuando las discrepancias de interpretación de un contrato con una transnacional imperial deben ser resueltas a favor de los poderosos, a las buenas o a las malas.
El viernes 17 pasado, la Procuraduría General del Estado, a cargo de Diego García Carrión, presentó con total claridad y certeza el libro Caso Oxy: Defensa jurídica de una decisión soberana y en derecho del Estado ecuatoriano, proceso que fue comentado por el presidente Correa con su conocida capacidad pedagógica.
El caso es que la empresa norteamericana Occidental (Oxy) firmó un contrato de explotación petrolera con el Estado ecuatoriano, documento que tenía una clara prohibición de cesión de derechos a terceros, sin la previa autorización del Ecuador, disposición que fue violada, lo que otorgó derecho a nuestro país para declarar la unilateral decisión de establecer la caducidad de la relación contractual.
Así procedió el Ecuador y la Oxy pretende con abuso que impere una resolución sobre la base de normas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, conocido con la sigla Ciadi, ente norteamericano, creado por sugerencia del Fondo Monetario Internacional para que intervenga en conflictos financieros, convenga o no convenga, sea legal o ilícito y atente o no contra la soberanía y el derecho de la parte contraria a los intereses imperiales, en este caso, que se litiga desde hace 8 años, la República del Ecuador que no ha querido agachar la cabeza y defender sus derechos con toda dignidad, como se evidencia en el aludido libro que fue lanzado en la Capilla del Hombre en histórico evento.
El Ciadi acostumbra utilizar personas que contrata para los arbitrajes y que ganan extraordinarios honorarios, según que les den la razón a sus protegidos, recursos económicos que pagan los sentenciados por los veredictos de los árbitros parcializados.
Conocer esta realidad para tomar conciencia de lo que significa defender nuestra soberanía debe ser el compromiso de quienes quieren vivir en un país que preserva con dignidad sus derechos que le pertenecen a 14 millones de compatriotas.
Quieren hacer pagar al Ecuador por haber declarado la caducidad del contrato original, castigo que no corresponde porque actuamos según lo que dice el propio contrato con base en una norma universal de que lo especificado en un contrato es ley para las partes, y la Oxy no podía ceder o traspasar sus derechos a terceros sin autorización previa del dueño de los recursos naturales, en este caso, Ecuador.
