Fredy Lobato

Los orgullosos antiderechos

24 de octubre de 2020 00:00

Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco del Vaticano ha manifestado tajantemente en un documental que lleva su propio nombre Francesco, su apoyo a las uniones civiles (léase matrimonio civil) de personas del mismo sexo con esta frase: “Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso (…) Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente”.

Como si hubiera causado un terremoto moral, grupos fundamentalistas –conocidos como “antiderechos”– se apuraron a reinterpretar esta declaración. En un tuit la activista Amparo Medina –una suerte de papisa antiderechos– sentenciaba: “Vivir en familia no es lo mismo que vivir en relación homosexual. La Iglesia ama al pecador, pero detesta el pecado (…) cada uno interpreta lo que quiere para justificar lo que quiere”.

Coincidió que cuatro medios digitales ecuatorianos y guatemaltecos publicaron una investigación de más de 50 organizaciones y personas “mal llamados provida”, cuyo lobby político impide “el avance en materia de derechos a mujeres y diversidades sexuales”, según Carlos Flores, coordinador de dicha recopilación. Y tras ser compartida en Twitter, comenzó un ataque de cuentas bot desde algún trolcenter de estos grupos, argumentando “el orgullo de ser provida de por vida”; exigiendo incluir sus nombres en la lista; o cuestionando que documentos así respondan a una “agenda izquierdista y abortista”. Recordemos que ciertos líderes latinoamericanos llamados de izquierda han defendido posturas similares a la de estos grupos.

¡Duros días para los antiderechos! Este ataque se da también a entidades como Naciones Unidas, que criticó el veto al Código de Salud; a reconocidas entidades científicas y académicas ¿Y ahora al propio Papa? Pues interceder con su agenda antiderechos ante entidades internacionales no tendría base jurídica y científica, salvo el lobby político local para impedir “el avance en materia de derechos a mujeres y diversidades sexuales”, como sentencia Flores.