Cuenta la historia que cuando Vespasiano asumió como nuevo emperador de Roma, tuvo que hacer frente a una grave crisis económica que atravesaba el imperio debido a cuatro cruentos años de inestabilidad política. Para ello, creó un impuesto sobre el uso de la orina proveniente de los urinales públicos. Hay que señalar que, en aquel tiempo, el áureo líquido era recogido por los artesanos para utilizarlo en la curtiembre del cuero y el blanqueo de las togas
Ante ello, Tito, hijo de Vespasiano y futuro emperador, recriminó a su padre por haber tomado tan abyecta medida, a lo cual este respondió colocando una moneda debajo de la nariz de su hijo. Al preguntarle si la moneda tenía mal olor, Tito, no supo qué responder y lo único que atinó a decir es que esta no olía a nada. Desde entonces se ha usado la expresión latina “pecunia non olet” (el dinero no huele), como una forma de manifestar que el dinero es dinero, no importa de donde venga.
Desde hace ya muchísimo tiempo, semana a semana, los denominados delitos económicos invaden nuestros titulares. No es nada extraño que un nuevo escándalo de corrupción o un fraude masivo sean la noticia que nutre el interés público. Y es que, al parecer, vivimos un tiempo en que, a pesar de los múltiples avances científicos y tecnológicos, la motivación económica sigue siendo la que determina, al final del día, la toma de muchas decisiones.
Días atrás, el Ecuador entero se vio sorprendido con la noticia de que, en la ciudad de Quevedo, una plataforma de captación de dinero ofrecía pagar a sus “inversores” el 90% de interés dentro de ocho días. Cuando el dato se corrió a nivel nacional, se iniciaron las investigaciones pertinentes y el “empresario” que era la cara visible de dicho negocio, desapareció dejando a sus clientes con la incertidumbre de qué sucedería con su dinero. Posterior a ello se genero una ola de comentarios e incluso actos de violencia, exigiendo una respuesta por parte del Estado. No faltó tampoco, que el prejuicio social emita su opinión, descalificando a las víctimas como sujetos que merecían lo sucedido por su ingenuidad o ambición, al caer en un engaño, a todas luces, burdo.
No obstante, lo sucedido en Quevedo solo revela una cuestión más profunda y que rebasa cualquier tipo prejuicio. Y es que, a día de hoy, muy pocos ciudadanos cuentan con la educación económica necesaria para no caer en este tipo de engaños y, por ende, ceden a buscar beneficios desconociendo el origen que tiene dicho dinero.
Es innegable, que una de las nefastas consecuencias de la pandemia es el aumento de la desigualdad social, misma que cada día se hace más evidente, ante un difícil retorno a la tan añorada normalidad. Sin embargo, son precisamente estas circunstancias sumadas a las necesidades de los sectores vulnerables, las que sirven como caldo de cultivo, para que ciertos sujetos busquen lucrar ilícitamente de estas carencias.
En este punto, ¿la intimidación y el castigo son las vías adecuadas para erradicar este tipo de conductas? La respuesta claramente es no. Hay que recordar que el Derecho penal en un medio de control social secundario altamente formalizado y que, en virtud de su naturaleza, no puede ser utilizado sino únicamente de manera subsidiaria. En tal sentido, castigar a quienes abusan de las víctimas, es una respuesta insuficiente, toda vez que, si no se prioriza al público objetivo de dichos engaños, este tipo de conductas se seguirán repitiendo.
Entonces, medios de control social principales como la educación o los medios de comunicación, deben realizar una labor preventiva que tienda a instruir a toda la sociedad sobre el buen manejo de su dinero.
Que lo sucedido en Quevedo, sea un indicador para el nuevo Gobierno, sobre la necesidad de priorizar la educación económica de una sociedad, que lamentablemente cede ante la desinformación y la necesidad
