Para EE.UU., WikiLeaks es una organización criminal internacional que pone en riesgo su seguridad. ¿De qué la acusan? Básicamente de transparentar información considerada “sensible” que permite conocer casos de corrupción y el salvajismo represivo en países pobres como Kenia, o la corrupción que devino en una crack bancario-financiero en Islandia.
De hecho, la mayoría de esa información calificada como “clasificada” -o dicho en palabras entendibles, “secreta”- refiere a la que fluye subterráneamente entre los consulados y las embajadas estadounidenses y su Departamento de Estado. Por ejemplo: un documental de la televisión sueca afirmó que se hizo público un oprobioso “manual del centro de detención de Guantánamo, donde se incluía el abuso y la humillación de los prisioneros como prácticas cotidianas; y también alertó sobre el poder descomunal de la transnacional Trafigura, dedicada a contaminar con desechos tóxicos a países pobres como Costa de Marfil, y capaz de un bloqueo judicial a un gran periódico británico”.
WikiLeaks ha mostrado alrededor de 400.000 cables -memoranda- sobre los más diversos tópicos de interés diplomático o militar para EE.UU. En esos “cables”, develados por periódicos como El País o The Guardian, aparecen juicios de valor sobre acciones y comportamientos políticos de gobiernos de todo el mundo, incluyendo los latinoamericanos, y hasta “perfiles” psicológicos de distintos gobernantes latinoamericanos.
Esta información secreta tiene diversas fuentes: desde los chismes de salón, es decir el mero rumor infundado, hasta datos solicitados a “expertos” en recabar información reservada, quienes laboran en las sedes diplomáticas. Esta es la materia prima con la que WikiLeaks construye sus historias: los “muertos que están en el clóset” y que cuando se abre la puerta empiezan a incomodar, pues huelen a la carroña escondida por la normalmente sonriente cara de los diplomáticos en los amenos cocteles y los solemnes actos oficiales.
En Latinoamérica los efectos de estas “bombas informativas” han sido notorios. A fines del año anterior el Gobierno mexicano colocó en el congelador al posteriormente renunciante embajador estadounidense por sus afirmaciones secretas y, hace pocos días, el Gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajadora Hodges, la que tuvo que abandonar el país. Polémica guerra entre justicieros hackers informativos y oscuros actores del poder imperial. Continuará.
