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El Telégrafo
Oswaldo Paz y Miño

No es lo mismo reclamo social que sedición tapiñada

15 de junio de 2022 - 00:00

Los contumaces críticos y opositores, del Presidente Lasso,  no solo los zurdos verdes, ni los oportunistas de ocasión, sino, los derechosos resentidos de tintes   amarillos, esos,  que tenían convenidos pactos con el delincuente mayor y prófugo de crear una “comisión de la verdad” para que se establezca , lo actuado por el peor presidente de la historia y su gobierno, también el más corrupto de la historia, le han reclamado al mandatario acciones de vigor, de mayor expresión de fuerza, de autocracia, de poder, para controlar la inseguridad ciudadana, que se vive en este país, especialmente desde hace 15 años atrás, en el gobierno verde flex, que engendrado leyes permisivas, ad hoc, casi, de las que se aprovecharon organizaciones internacionales del delito, que ahora nos tiene en ascuas todos los días, en todas y cada una de las ciudades del país.

 

El autócrata que declaró ser el jefe de todos los poderes del Estado, porque la Constitución dice que el Presidente tiene esa representación, legó al país licenciosas formas de manejo de los bienes públicos que terminaron en convertirlo en uno de los más corruptos del mundo, y le metió mano a la justicia, a tal punto, que la quebró, y la puso con sus malas artes en entredicho y cuestionamiento hasta la fecha, Poder del Estado que no ha podido librarse de ese estigma, por fallos y resoluciones judiciales diariamente cuestionadas, entre las que están habeas corpus concedidos de manera cantinflesca o liberación  de detenidos con argumentos que espantan a la sociedad y a la propia comunidad jurídica .

 

En estos momentos el país vive el acoso de un movimiento contrario a la paz, a las libertades, a la democracia, que atenta contra derechos fundamentales de la gran mayoría de ecuatorianos que no admitimos tales acciones y que no nos sentimos representados por el Señor Iza, ni por ningún personaje de sus asociados. Menos cuando el mencionado sin ruborizarse llega a decir: como los medios de comunicación dan cuenta de audios filtrados: “ "Bajar al Presidente de la República no va a ser nada fácil con una movilización así, sino realmente con una medida de hecho muy contundente". Detrás de tales frases, se advierten intenciones sediciosas,  tendenciosa y antidemocráticas. Si a eso se suman la toma de carreteras, de hecho estratégicas para el funcionamiento del país, y el derecho al trabajo, a la libre movilización de la gente,  más la quema de bienes públicos, un patrullero, agresiones a representantes de la fuerza pública, invasiones contra propiedades privadas como da cuenta la prensa ( florícolas) se van sumando una serie de infracciones que ante un fiscal cabal, se pintarían como delitos. Que están tipificados en el COIP y que alguien tiene que responder. De modo que detener a los cabecillas de los movimientos violentos, disfrazados de protesta pacífica es apenas obligación del Estado, y deber para la Fiscalía General,  para establecer autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores que sean sometidos a los jueces, y de ser del caso sancionados si cabe, con todas las garantías que caben, desde la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos constitucionales, que los violentos que han adherido al paro, no respetan.

 

Los que ahora promueven el paro, fueron duramente reprimidos por el sátrapa prófugo, y olvidando hasta humillaciones personales de las que fueron víctimas, le hacen el juego al sujeto y sus perversas intenciones.

 

El Presidente de la República, las Fuerzas Armadas, y todos los poderes del Estado tienen la obligación constitucional y legal de defender la Constitución, el Régimen y el sistema democrático y todos sin excepción, el derecho a que se respeten los derechos individuales y colectivos que la Carta Política del país dispone. Por tanto, sin arbitrariedades y dentro del marco legal, cabe el uso de la fuerza, la activación de la justicia contra los violentos sin considerar quienes sean. Así proceden los Estados civilizados, dentro del ordenamiento jurídico que admite protestas ciudadanas, pero no salvajismos violentos, ni atentados contra la democracia.

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