Una jueza de la Provincia del Azuay ha dado la luz verde a una consulta popular en la que las comunidades de Girón deberán decidir si se permite o no la realización de grandes proyectos mineros en el sector de Quimsacocha. Al hacer esto, la magistrada ha negado las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo, por las cuales se requería que sea la Corte Constitucional la que califique la pregunta.

Al margen del debate sobre la competencia del Gobierno para presentar una demanda a nombre de los derechos del pueblo ecuatoriano en su conjunto, es evidente que la disputa deberá ser zanjada por la flamante Corte. Pero, más allá de los aspectos técnico-jurídicos del caso, es necesario agregar algunas reflexiones sustantivas.

Cabe preguntarse, por ejemplo, si una pequeña comunidad cercana a los presuntos yacimientos puede, por sí misma y por su propia cuenta, decidir sobre el destino de un bien que corresponde a todos los ecuatorianos. Los recursos del subsuelo no pertenecen ni pueden pertenecer a quienes, por mera casualidad, residen en sus inmediaciones. Es verdad y debe tenerse muy en cuenta, que las posibles afectaciones que esta comunidades puedan sufrir por la actividad minera son más intensas y relativamente importantes que las que puedan aquejar a otros ciudadanos, pero ello no significa que ellas sean las únicas partes interesadas en tal decisión.

El debate sobre la minería en nuestro país no puede quedar atrapado entre los fuegos del clientelismo localista, de la avidez del Estado famélico, o de las ambiciones de inversionistas particulares. Pero, asimismo, tampoco puede ser rehén de dogmatismos eco-fundamentalistas y de ideologías primitivistas que rechazan a priori cualquier actividad económica de un nivel tecnológico más avanzado que el neolítico. A la espera de lo que dictamine la Corte Constitucional, es de desear que el debate sobre la minería implique una evaluación sobria y racional de las ventajas y desventajas de la minería. (O)