Una tormenta política arrecia en México. Se la siente cada vez más fuerte por ciudades y campos de la gran nación del norte y centro de América. Tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el pasado 26 de septiembre, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, la vida en México no encuentra ni paz ni sosiego.
Miles de ciudadanos indignados que dicen estar cansados de tanta deshonestidad por parte de las autoridades, manifiestan su ira por las calles de más de 30 ciudades mexicanas y le acaban de poner un plazo de 2 días al gobierno de Enrique Peña Nieto para que se encuentre a los 43 desaparecidos. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, expresaron las consignas de las aproximadamente 12.000 personas que participaron al inicio de la marcha en Ciudad de México, que partió desde el Ángel de la Independencia. A ellas se sumaron muchos manifestantes más, hasta pasar los 25.000 ya al final de la marcha en el Zócalo.
Y algo parecido sucede diariamente en otras poblaciones mexicanas con la participación especialmente de estudiantes universitarios, trabajadores, activistas, integrantes de la sociedad civil, maestros y familiares de los desaparecidos. Se ha visto a miles de manifestantes en Michoacán, en Morelia, en Guanajuato y en decenas de otras ciudades. Pero esta indignación popular ha trascendido más allá de las fronteras mexicanas y en diversas urbes de Europa, América y Oceanía, se ha visto a un grueso número de personas expresar su rechazo a los vergonzosos acontecimientos originados el 26 de septiembre.
Cuesta creer que México, esa gran nación dueña de uno de los procesos revolucionarios más admirados del siglo XX por la nobleza de sus propósitos, como el poner punto final al latifundismo inhumano en tiempos cuando el 40% de las tierras mexicanas era propiedad de tan solo 480 hacendados que mantenían en la miseria y en la ignorancia a millones de campesinos. Así como el dar término a la voracidad de los grandes capitalistas extranjeros que se habían apoderado y controlaban el petróleo, las minas, los ferrocarriles, en fin, las mayores riquezas del Estado azteca, mientras que los trabajadores sufrían de extrema pobreza y carecían de los derechos sociales.
México sufre hace años el dominio desvergonzado de los grupos de narcotraficantes, quienes pactan con las mismas autoridades para continuar con su secuela de crímenes a cambio de una paga permanente, como sucedía entre ese grupo de mafiosos y el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes les entregaban regularmente cantidades que fluctuaban entre 600.000 y 3 millones de pesos, para ser destinados al control de la Policía local.
Se conoce que Guerreros Unidos tejió una red de complicidad con varias alcaldías, a fin de comprometer a las autoridades municipales y a la Policía local. Con estos antecedentes, cuando se llega a conocer que en una nación son las organizaciones las que ordenan a sus asalariados policías que persigan, detengan y desaparezcan a quienes los jefes de estos grupos mafiosos así lo decidan, ¿se podría pensar que serios acontecimientos están por suceder? Como que quizá se verá el desmoronamiento de aquella comunidad nacional, o que tal vez se apurará un próximo proceso renovador que transformará la República, para acabar con la intromisión de organizaciones delictivas en instituciones que están obligadas a mantener el orden en la comunidad.
