En Ecuador, el 26,1% de las madres en el Ecuador son jefas de hogar. 177.314 mujeres fueron madres a los 15 años. 21 años es la edad media de las madres al tener su primer hijo. Nada más alejado de la realidad que aquello de “madre solo hay una”, porque en realidad, somos muchas, somos diversas, y vivimos atravesadas por diferentes formas de vulnerabilidad y discriminación.
Que una cuarta parte de las madres en Ecuador sean cabezas de familia, exige que repensemos la lógica del trabajo en Ecuador, hacia una que considere como prioridad el balance de la vida laboral con la vida profesional. La pandemia nos enseñó que muchos trabajos pueden hacerse por vía remota, una opción ideal que permite a las madres participar en las actividades de sus hijos. Pensar en jornadas reducidas, días familiares, y espacios laborales donde también se permita a los padres involucrarse activamente en el cuidado de los hijos mediante políticas de equidad en cuanto a permisos por nacimiento, sigue siendo una discusión pendiente en el país.
Ecuador es el segundo país de la región con más casos de embarazo en menores de edad, y aun así no se ha repensado nuestras políticas públicas en salud y educación en materia sexual y reproductiva. Éstas, no solo debería asegurar la contención de embarazos no deseados por violación por medio de acceso real al aborto, sino, además, desarrollar políticas de prevención de embarazo adolescente, a través de educación sexual que, lejos de discursos moralistas, se enfoque en cómo el embarazo infantil y adolescente perpetúa los círculos de pobreza, e impacta negativamente en la economía del país.
Según las poco actualizadas cifras del INEC, solo 4 de cada 10 madres están casadas. Del resto, algunas no podrán costear un abogado para demandar alimentos para sus hijos, y quienes sí puedan, se enfrentarán a procesos largos y victimizantes, donde las cargas probatorias, imposibles a veces, recaen sobre ellas y sus hijos, en contradicción a cualquier lógica de protección a grupos vulnerables. Y si alguna de ellas logra una sentencia favorable, de todas maneras, el 35% de los alimentantes no cumplirán las órdenes de los jueces, aún si son privados de la libertad por ello.
En 2022, 134 madres fueron víctimas de femicidio; más de la mitad del total de víctimas. ¿Cuántas de esas madres quizás se quedaron en relaciones violentas por “los hijos”? Y el Estado, ¿cómo responde ante estos hechos? Basta recordar los discursos oficiales en el contexto del femicidio de María Belén Bernal, cuyo femicidio era caracterizado como en “error”, evidenciando una rampante cultura de tolerancia hacia estos crímenes.
El Estado y la sociedad tienen varias deudas pendientes con las madres, que no se saldan con frases cursis y estereotipadas, flores o tarjetas. Se requiere repensar la economía, la justicia y la seguridad ciudadana en clave de mujer primero, y de madres segundo. Se requiere hacerse preguntas difíciles sobre lo que las madres y sus hijos necesitan, aún si ello supone sacrificar modelos económicos y sistemas de justicia revictimizantes.
