Es sustancial resaltar cuál es la auténtica génesis del moderno sistema mundial de DD.HH., que si bien es cierto tuvo orígenes difusos en los códigos de Hammurabi y Manu en la Antigüedad y en las primeras décadas del siglo XX en la Convención de Ginebra para normar la guerra y en los doce puntos que el presidente Wilson presentó a la naciente Sociedad de Naciones y que merecieron de varios dirigentes europeos el irónico comentario: “El buen Dios solo tiene diez”; no es menos cierto que es solo después de la Segunda Guerra Mundial cuando se establecen como tales, con una Carta Fundamental aprobada por un organismo de carácter universal, como es la ONU, cuyas acciones se traducen a través de pactos, acuerdos, declaraciones, convenciones y resoluciones, a veces vinculantes.
Empero, los derechos y las obligaciones de cumplirlos cuando se firmó la carta primigenia, por razones políticas -se iniciaba la Guerra Fría- se los segmentó con corte sagital en dos partes: derechos civiles y derechos económicos, sociales y culturales, y con ello, la subyacente disputa ideológica subsiste aún. Al dividir una legislación tan importante, que realmente es única, ya que una es la humanidad, se legitimó un sofisma histórico: nuestro país es defensor de todos los DD.HH., no por haber firmado los instrumentos que los solemnizan, más que nada por tener una Constitución que garantiza todos los derechos y que los viejos poderes fácticos intentan dañar desde dentro y fuera de la patria a través de actitudes imperiales.
Y es que con profusión digna de mejores causas y la satisfacción del deber cumplido con quienes los amparan en sus desatinos éticos, empoderados de las garantías legales de la libre información, la prensa mercantilista nacional e internacional ha difundido el informe del departamento de Estado de EE.UU., en referencia maliciosa a nuestra nación y que denota el grado de vileza de estos memorandos que cuestionan a los gobiernos progresistas de América Latina, emitidos anualmente con el ánimo perverso de desprestigiarlos. Precisamente la potencia mundial causante de violaciones de derechos fundamentales en su propio territorio, como la vulneración del respeto a la vida y a la libertad -pues allí tiene vigencia la pena de muerte, además de tener la mayor población carcelaria del hemisferio, y donde las armas de fuego de calibre ofensivo se venden públicamente- es o presume ser preceptora y supervisora del sistema interamericano de DD.HH., aunque jamás lo haya ratificado.
El palmario eufemismo en relación al Ecuador que marca el mencionado manifiesto, da la impresión y hasta pareciera ser redactado en algún bufete como los que defienden a la amoral Chevron, o en la sala directiva de la mediocracia; tal es su parcialidad. Parece increíble que haya sido vertido por expertos valiosos como -creemos- deberían ser los de la oficina cuyo titular es un político íntegro, luchador por la paz en la guerra de Vietnam.
Frente al despropósito y flagrante intervención foránea en los asuntos de nuestro país, ha sido oportuna y decisiva la respuesta de nuestro digno y valiente ministro de Exteriores, Ricardo Patiño, desnudando el fondo y la forma del comunicado de marras en su densa hipocresía y perífrasis, como vano intento de atacar y derrotar un proceso social beneficioso para el pueblo ecuatoriano que la insolencia de los imperios niega, aun en los empeños de desarrollar una realidad virtuosa.
