El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) cumplió 33 años. Edad emblemática, dicen.  Edad para evaluar el camino recorrido, digo yo.  Y podemos decir, resumiendo, con más bajos que altos. 

Su tarea es fundamental para la cultura y los patrimonios del país, y a pesar de ello no ha recibido el trato que su actividad demandaba ni ha recibido los fondos que la importancia de su labor requería.

Su vida ha sido siempre la de la niña pobre, incomprendida y abandonada en gobiernos que solo creían en el libre mercado.  El esfuerzo personal, por amor al arte y al país, de muchos de sus empleados ha permitido que parte importante de nuestro patrimonio no haya sido saqueado.

Sin embargo, en estos últimos cuatro años ha empezado el cambio a través de la generación, al fin, de políticas públicas diseñadas no solo para la conservación de nuestros patrimonios sino también para su “puesta en valor” y, sobre todo, el libre acceso, el uso y disfrute de esos bienes por parte de los ciudadanos.  Sin duda, en estos cuatro años, se ha hecho más que en los anteriores treinta.

Solo en la declaratoria de emergencia patrimonial se invirtió casi 45 millones de dólares, y esa labor continúa, entre otros, a través de los programas “Vive Patrimonio” y “SOS Patrimonio.” Sin embargo, aún queda mucho por hacer, la reducción de presupuestos para cultura y patrimonio no es una buena señal.

Quizá por ello los rostros de los  funcionarios del INPC, la noche de la celebración, evidenciaban preocupación por su futuro, que estará marcado por la promulgación de la nueva ley de cultura que sigue durmiendo el sueño de los justos e injustos en la Asamblea Nacional.

A propósito,  el pasado 16 de junio la Asamblea, en un acto demagógico,  declaró  a San Antonio de Ibarra como “patrimonio cultural y artístico del Ecuador”.  Declaratoria que cayó por sorpresa incluso para las propias autoridades de San Antonio. 

La asambleísta por Imbabura, Marisol Peñafiel, del bloque de País, presentó la resolución y lo hizo sin consultar con las autoridades de patrimonio. Lo hizo, sin duda, con un claro afán de notoriedad y reproduciendo las viejas prácticas clientelares para quedar bien con sus paisanos, sin importar las implicaciones ni las competencias para estas declaratorias.  

33 años del INPC que se deben agradecer, pero también  se debe entender que ya es edad para cambiar y transformar.  Se impone una reestructuración que redefina su rol institucional y, sobre todo, se cambie de mirada respecto al manejo de nuestros patrimonios. El país requiere eficiencia, oportunidad y cero tolerancia para los traficantes y saqueadores de nuestros patrimonios.