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El Telégrafo

Libertad de opinión y libertad de difamación

06 de agosto de 2011 - 00:00

La dignidad la merecemos. La persona digna, en sentido positivo, es merecedora por su bondad del respeto de los demás y también se hace respetar. En sentido negativo, existen personas dignas del repudio. El respeto a la dignidad no tiene precio. El digno “no comete o tolera actos vergonzosos o humillantes, y merece por eso respeto y admiración”.

Toda persona tiene el deber y el derecho a respetar la honra, la dignidad y la libertad. No se debe opinar sobre una persona sin demostrar en forma documentada lo que se afirma.

Todos somos totalmente libres para  pensar. Debe fomentarse la libre expresión de las personas. Mientras mayor sea la diversidad de opiniones, existen mayores  posibilidades de comprender el tema que se examina. La libertad de opinión tiene como límite el respeto de la dignidad de los demás.

Los mentirosos, los cuenteros, los mitómanos, los dementes, los irresponsables, los inconscientes de su situación, los que dominan a través de la mentira, los politiqueros, los demagogos que por definición son difamadores, los que tienen poder en los medios de comunicación nacional e internacional para decir lo que quieran en defensa de sus intereses, las empresas nacionales y corporaciones transnacionales explotadoras, los países imperialistas y sus aliados que dominan y colonizan, son partidarios de la libertad absoluta de opinión, sin que exista responsabilidad posterior por lo expresado.

Donde más se miente y difama es en los medios de comunicación colectivos y los poderes legislativo y judicial.

Muchas personas creen que tienen permiso y otros piden tener licencia legal para difamar. Lo que no saben estas personas es que, mientras más acusan sin pruebas, su imagen se empequeñece; que cuando se miente deliberadamente y se difama,  los más grandes afectados en la salud física, emocional y espiritual son ellos mismos.
El opinar, sin pruebas o inexactamente, que alguien es un ladrón, un traficante, es una afirmación grave. Señalar que es un asesino es una acusación gravísima. La mayor acusación que se puede hacer a una persona o un gobierno es la de genocida, es decir, asesinar y exterminar en forma calculada y sistemática a un grupo, por motivos raciales, religiosos o políticos. Si la acusación no se demuestra, esas personas quedan como difamadoras que merecen ser sancionadas. 

Pobres las comunidades y sociedades donde la libertad de opinión se convierte en libertad de difamación.

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