El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho a la libertad de expresión, señalando claramente que este derecho no puede estar sujeto a censura pero si a la responsabilidad ulterior.
La libertad de expresión debe ser analizada a la luz de los derechos de las víctimas, elementos que han sido parte de la acción de protección del caso “Schettini vs La Posta” dentro de un proceso de violencia intrafamiliar. Cabe aclara que la legislación ecuatoriana no permite desistimiento en esta materia precisamente porque las mujeres suelen ser presionadas para que abandonen sus denuncias.
Así que el caso debió ser revisado en función de los hechos, pues si bien los procesos de esta naturaleza tienen reserva, aquella se rompe cuando la víctima decide hacer público su testimonio. Aquí el derecho a la intimidad se habría roto mucho antes pues el propio Carrión habría justificado su condición con la sentencia contravencional que lo liberaba de responsabilidad para ser nombrado Defensor del Pueblo.
Sin embargo en el caso “Schettini vs La Posta”, se debe considerar tambien el derecho a la vida privada de una persona pública o políticamente expuesta, que esta sujeta a la mirada ciudadana, más aún cuando Schettini se presentó en diferentes medios de comunicación para aclarar su versión y realizar una campaña de defensa a su cónyuge, permitiéndose incluso hablar de otra presunta víctima de abuso sexual.
El debate no es fácil y va más allá del buen nombre y la honra, se trata de la condición moral y ética de un Defensor del Pueblo, defensor de víctimas, investido con una función prominente dentro del Estado Ecuatoriano.
La delgada línea entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad ha sido confrontado pero merece un profundo debate que incluya la transparencia de quienes representan el poder político y en este caso, del más alto funcionario de defensa de derechos humanos.
