La actitud de algunos dirigentes de Sarayaku, al otorgar protección a tres sentenciados, sienta un peligroso precedente que puede poner en riesgo muchas de las importantes conquistas políticas de los pueblos y nacionalidades. Justificar su acción basados en una lectura políticamente manipulada de una sentencia favorable de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no solo que desvirtúa el significado de la sentencia, sino que hace correr el riesgo de echar por el suelo el contenido democrático de las importantes conquistas políticas que han tenido los pueblos y nacionalidades en las últimas décadas.
La sentencia de la Corte, emitida en junio de 2012, busca una justa reparación ante un caso que evidenció el irresponsable modo como durante el neoliberalismo se manejó la política petrolera, favoreciendo exclusivamente a las corporaciones transnacionales, sin importar en lo absoluto las negativas consecuencias sociales y culturales de los pueblos ni el valor del patrimonio ambiental. La sentencia también refuerza la obligación de implementar la consulta previa, libre e informada, como una de las mayores conquistas populares y un resarcimiento económico para los pobladores de Sarayaku, que fue acatado por el actual Gobierno mediante el pago de una indemnización de $ 1’380.000.
La protección que los dirigentes de Sarayaku ofrecen a los fugitivos no tiene relación alguna con la sentencia de la Corte y, por el contrario, muestra el peligroso nivel de manipulación política que puede haber del gran logro de la interculturalidad y la plurinacionalidad reconocidas constitucionalmente. Los sectores fundamentalistas argumentan que las resoluciones de la Corte y los derechos inherentes a la plurinacionalidad legitiman la acogida de los fugitivos, así como la prohibición de la entrada de la fuerza pública y la solución internacional del problema.
Con esta acción y con estos argumentos abren una caja de pandora en la que la amenaza del independentismo y la autonomía sustituyen el anhelo de construcción de una sociedad democrática y participativa, de base popular. La consulta previa, libre e informada, permite eliminar una herencia colonial, ya que hace partícipe de los avances nacionales a las poblaciones locales y a las regiones históricamente excluidas. Por el contrario, las acciones acompañadas de discursos culturales fundamentalistas desvirtúan la consulta previa y hacen aparecer en escena un nacionalismo separatista que pone en peligro la convivencia, los acuerdos democráticos y normalmente se activa a favor de élites nacionales e internacionales.
En el país estamos urgidos de eliminar definitivamente los legados coloniales y neocoloniales que han hecho que la exclusión económica y política tenga una fuerte expresión étnica y territorial. Tenemos también que rescatar y activar los grandes legados de la solidaridad popular entre mestizos, indígenas, afroecuatorianos y montubios, para frenar los delirios del fundamentalismo separatista.
