Pareciera que las investigaciones sobre el 30-S se hubieran agotado en la instancia judicial y que ya todo lo ocurrido aquel día trágico estuviera bastante claro. Pero hay muchas aristas del asunto que permanecen todavía en la penumbra, ocultas tras un manto de sombras. Al menos eso es lo que percibimos los ciudadanos de a pie, entre los que me incluyo.
La inquietud mayor tiene que ver con la participación, en los sucesos de aquel día, de militares en servicio activo, cualquiera haya sido su grado, y con el cierre de aeropuertos que ellos impusieron. Y esta pregunta se impone porque fueron esas acciones las que redondearon, a ojos del público, el plan de un golpe de Estado en marcha.
Las explicaciones dadas hasta el momento no acaban de convencerme. Parece absurdo pensar que todo eso no haya sido más que la protesta aislada de unos pocos soldados de baja graduación. En una institución tan vertical como las Fuerzas Armadas, se supone que ningún acto de esa magnitud puede ocurrir sin que lo conozcan, y al menos lo toleren, las jerarquías superiores.
Es precisamente esta parte del asunto la que nunca se ha esclarecido a ojos del público. Porque de los actores policiales del intento golpista se sabe casi todo, especialmente por la acción de los fiscales, pero de los actores militares se sabe muy poco. Y quedan preguntas todavía sin respuesta: ¿Cuántos fueron en total los militares involucrados en el país y qué grados tenían? ¿Cómo fue que sus mandos no sabían lo que se preparaba, existiendo un sistema de inteligencia militar? ¿Qué hicieron sus mandos para frenar los atentados y cómo reaccionaron ante el cierre de los aeropuertos? ¿Por qué esos militares fueron juzgados más tarde y por cuerda separada?
Ahí no acaban las preguntas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en ese día nefasto. Es conocido el hecho de que el Jefe del Comando Conjunto se pronunció tempranamente, desde Cuenca, sobre los sucesos que estaban en marcha y ratificó la fidelidad de la institución armada al gobierno del presidente Correa. Pero luego advino un largo silencio que se prolongó hasta la media tarde. Y el operativo de rescate solo se inició al comenzar la noche, se dice que por razones operativas.
Creo que a la mayoría de ecuatorianos nos gustaría que todas esas dudas fueran absueltas y que, de ser posible, alguien escribiera un relato detallado de lo ocurrido aquel día al interior de las Fuerzas Armadas.
Y es que la democracia necesita de una total transparencia, que comienza por entender que los militares y policías son ciudadanos a los que el país les ha entregado uniformes, armas y recursos para defender los intereses de la nación y no para promover sus intereses particulares y sectoriales. Por lo cual nadie puede escudarse tras un uniforme entregado por el país, y costeado por el pueblo, para atentar contra el gobierno civil legítimamente constituido.
