Aquellos que se sienten afectados por el proceso de transformación nacional en beneficio de los sectores populares que se encuentra desarrollando el gobierno de Rafael Correa, aterrados ante la idea de perder sus acostumbradas prerrogativas y, como consecuencia, ver alejarse su conocida costumbre de medrar de los dineros del pueblo, se esfuerzan por desarrollar un diverso conjunto de artimañas, cada una más ridícula que la otra.
Pero, además, sabemos que como esos sectores no encuentran argumentos razonables y auténticos para fortalecer su posición, acuden a las más estrafalarias mentiras que alguien pueda imaginar, acompañadas de insultos, vejámenes y tergiversaciones. Desesperados, los de Madera de Guerrero, Partido Socialcristiano, Pachacutik, Sociedad Patriótica -que de patriota no tiene nada-, Movimiento Popular Democrático -todos ellos profundamente debilitados y a punto de desaparecer del escenario político- y varios medios de comunicación de prensa escrita, radial y televisiva, así como los dueños de algunos bancos, cuyos capitales también se suman a los dineros de los grupos anteriormente mencionados, destinaron tales fondos a financiar actividades encaminadas a desprestigiar al presidente Correa, a su histórica revolución ciudadana en beneficio del pueblo y a la inmediata consulta popular que investigará la opinión de la ciudadanía ecuatoriana acerca de importantes temas.
Comprendemos todos que no es posible continuar con las graves deficiencias del sistema judicial y la subasta de la justicia, con más de un millón de causas detenidas y con ciertos detalles manipuladores de la caducidad de la prisión preventiva; todo lo cual se trata de cambiar reorganizando el sistema judicial, fundamentándose en las preguntas 1, 2, 4 y 5 del referéndum. Al consultarle al pueblo en la pregunta 3, acerca de la conveniencia de prohibir que los dueños de los bancos privados, así como los propietarios de medios de comunicación también privados, tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, el Gobierno trata de limitar el exceso de poder que tienen ciertas familias, que pueden desarrollar acciones en beneficio de sus propias empresas, pero contrarias a los intereses de la ciudadanía.
En este esfuerzo por lograr un cambio integral en el país, el presidente Correa asegura que, en caso de ser aprobada la pregunta 7 -que plantea la prohibición de casinos y salas de juego-, apoyará a los empleados de esos negocios a través del Ministerio de Coordinación de la Producción, que implementará determinados programas en su beneficio.
