La serví por más de 4 décadas como docente, investigador, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrector. Fui nombrado Profesor Honorario por el Consejo Universitario.
Obligado estoy con ese conocimiento de la misma a opinar sobre ella, y su débil situación actual, con el único interés de contribuir a que se supere la situación. Sin dejar de reconocer las graves falencias que la afectaban, expresé mi desacuerdo con la metodología que irresponsablemente aplicaron algunos evaluadores, que le dieron calificación ‘D’, tras 156 años de su creación como Junta Universitaria del Guayas.
Sentenciada y ubicada por debajo de otras, de evidente y muy inferior condición académica y organizativa, y de varias que nacieron de su seno que -claro está- por ningún lado la superan, el ánimo de sus autoridades -no responsables de sus quebrantos- cayó por los suelos; y las expectativas de algunas nuevas estaban ausentes de entusiasmo y optimismo; al parecer, solo se esperaba aplicar órdenes, de algunas personas, totalmente ajenas a sus quehaceres y desconocedoras de sus realidades, pero con poder de decisión y respaldos de afuera. Se crearon las condiciones, más subjetivas que objetivas, para que el CES nombre una Comisión Interventora (CI), para que en el plazo de un año acompañe la gestión de las autoridades a fin de superar las observaciones formuladas por extraños evaluadores. La integración de la CI dejó mucho que desear, fue evidente la insuficiente capacidad y experiencia de los que inicialmente fueron nombrados para el gran cometido. Poco o nada se conocía de ellos, y ese fue y sigue siendo un factor adverso para su legitimación ante unas 60.000 personas directamente interesadas en que la Universidad encuentre su derrotero académico y sirva con solvencia al desarrollo del país, como lo hizo a lo largo de su fecunda historia, a pesar de cortos períodos críticos provocados por interferencias externas y desatención gubernamental, que buscaron desprestigiarla y marginarla, celosos de su voz crítica, científica, patriótica y democrática. Tampoco desconozco los momentos álgidos que sufrió, atravesados por la politiquería, que también se promovía desde afuera, con fines protervos.
La CI, que se conozca, no ha presentado ninguna propuesta de cambio académico para la discusión en la entidad que, como se sabe, tiene miles de profesores, investigadores y empleados, sirviendo en 18 facultades con 27 escuelas y con 86 carreras; cuenta con centenares de investigaciones a través de tesis de grado y tareas académicas diversas. Apenas se conoce de una declaración en la prensa sobre eventuales fusiones y desaparición de facultades y carreras; aunque tarde, es necesario conocer el alcance y justificativos de la propuesta para que muchos entendidos, con seriedad y experiencia, podamos opinar, en nuestras especialidades, y proponer ajustes para que, de ser el caso, se aprueben responsablemente.
Que no se diga que solo unos cuantos iniciados, por muy expertos que sean, son los que pueden decidir al margen de la comunidad científica-técnica de cada facultad, así como de profesionales graduados en ella y expertos del medio, y si fuera del caso, del exterior. No cabe crear expectativas y provocar miedos. Es evidente que algunos sigilosos buscapleitos de la oposición quieren sacar provecho para afectar al Gobierno por esta situación creada.
La Universidad, el país y el Gobierno no deben fracasar por ineficiencias al no haberse creado las condiciones para el cambio anunciado, y ni siquiera definido cronogramas con responsabilidad y plazos. En nuevo momento formularé propuestas. (O)
