Recuerdo aún el dolor con el cual Christine Assange me hablaba cuando la conocí durante su estadía en Quito en el agosto de hace dos años. El Gobierno ecuatoriano no había concedido aún el asilo político a su hijo, aunque los encuentros que mantuvo en esos días con varios importantes representantes del Estado -a partir del presidente Correa- eran el preludio de aquella decisión que se hizo efectiva el 16 de agosto, a través de una rueda de prensa del canciller Patiño realizada en las primeras horas de la mañana. Al enseñarme las fotos de su hijo desde la niñez hasta la juventud, agregaba detalles cariñosos sobre su carácter temprano, sus travesuras y, más allá, su índole rebelde y sus desaventuras amorosas. Escuchaba con atención esa voz apasionada, mientras me asombraba por la extraordinaria semejanza entre los dos. Coexistían en su tono la angustia de una madre envuelta en un caso de proporciones mundiales y la valentía de no dejar nada en el tintero para la salvaguardia de su hijo, ese orgullo que transpira en cada acto que sigue realizando en su defensa.
Han pasado dos años y las esperanzas de su madre han sido frustradas. Julian sigue encerrado dentro de los pocos y angostos cuartos de la Embajada ecuatoriana en Londres. Su ubicación lleva consigo un simbolismo socarrón: mientras a pocos metros en el lujoso almacén de Harrods, en medio del elegante barrio de Knightsbridge, hormiguean a diario millares de personas que despilfarran fortunas, Julian es privado de la luz del Sol y de la libertad de movimiento.
El líder de WikiLeaks resiente de la tipología de su lucha. Tratándose de una trinchera que no admite una movilización de masa, sino el involucramiento de pocas confiadas personas, con la publicación de jugosas y a veces dramáticas noticias, pero de forma esporádica, el aislamiento -personal y político- es una consecuencia casi natural. Las luchas de opinión son particularmente ingratas y difíciles: el fracaso del partido de WikiLeaks en Australia es testigo de esa realidad. La solidaridad internacional ha sido importante, pero incapaz aún de incidir sobre la testarudez de Inglaterra y Suecia a cambiar de ruta.
La visita de Ricardo Patiño a Julian Assange reaviva la esperanza. El mensaje críptico -y tal vez algo imprudente, como de costumbre- lanzado por Assange en la rueda de prensa realizada ayer con el canciller ecuatoriano (“Saldré pronto de aquí”, sin mayores especificaciones sobre el cómo y el cuándo), probablemente señala la renovada expectativa a raíz de lo que parecería ser un nuevo protagonismo del Ecuador en el asunto. Este se fundamenta en los cambios introducidos a la normativa legal británica sobre las extradiciones que, si bien no tendrían valor retroactivo, señalan la admisión política de un error: sin cargos, la nueva ley ya no permite la extradición. De tal manera, si la Suprema Corte británica tuviera que decidir hoy sobre la extradición de Assange, fallaría en contra de esa posibilidad. Además, el nombramiento de un nuevo canciller británico, Phillip Hammond, con una orientación más euroescéptica (y por ende, teóricamente más recalcitrante a la colaboración con otros países europeos) podría haber inducido al Ecuador a reanudar un puente diplomático.
Como lo había señalado hace algunos meses, el Gobierno, más allá de la protección en la Embajada, parecía haberse olvidado del periodista que ha revelado las atrocidades más abyectas de los Estados. Este nuevo impulso, si bien saludable, sigue de todos modos enraizado en el ilusorio convencimiento de la posibilidad de llegar a un acuerdo diplomático con los británicos. A mi forma de ver, se trata de un callejón sin salida, que no hará otra cosa que demorar una solución definitiva. Los británicos no se van a retractar: hasta los laboristas que podrían volver al Gobierno el año siguiente se han demostrado fríos ante la situación de Assange. La acción legal internacional, un camino seguramente largo y no exento de dificultades, sigue de todos modos siendo la mejor solución ante la dilación sine díe del caso. Se convertiría en un instrumento de presión para llegar a un acuerdo y podría suspenderse en el caso de que los británicos, ya sean laboristas o conservadores, manifiesten mayor racionalidad. Hasta mientras, Christine sigue esperando.
