Afirmó el pasado miércoles el nuevo presidente de la Conaie.
Se reconoce la necesidad de una transformación profunda de todo el sistema judicial.
Transformación que no pasa solo por cambiar el modelo de la administración de justicia sino por cambiar los preceptos filosóficos y sociales que modelan el quehacer jurídico. No podemos pensar en una nueva justicia que se sustente en los viejos preceptos hacendatarios que nutrieron una administración a favor de los grupos dominantes. Una justicia que excluyó de derechos a los pueblos y nacionalidades o, mejor dicho, que solo favorecía a los grandes hacendados en contra de estos. Una nueva justicia no puede instituirse por fuera del sistema político y, peor aún, por fuera de una visión social de la nación.
No podemos aceptar ya una justicia que haga gala del poder de funcionarios a la vieja usanza de las castas o los estamentos. Una justicia no justa. Una justicia que, basada en viejos valores liberales, abandonó los criterios de dignidad y respeto a cambio solo de los formalismos jurídicos.
Esa justicia estancó al país en la práctica de beneficiar de quienes tenían poder económico o político, pero la persona común y corriente se vio a merced de la vorágine explotadora. Sí, la justicia tiene que revolucionarse y no quedar a merced de las viejas tradiciones constitucionalistas que, si por un lado proclamaban la igualdad, por el otro lado afirmaban, respaldaban muchas formas de explotación social. Esa justicia privilegió el derecho a la jurisprudencia. Privilegió la tradición del más fuerte frente a las formas históricas de hacer justicia de los pueblos y nacionalidades.
Claro ejemplo está en que se nos ha hecho creer que el modelo de justicia europeo es la panacea. Y la evidencia de sus limitaciones es el profundo descrédito que tiene el sistema judicial en el Ecuador. Una justicia revolucionaria tiene que estar en permanente cambio, ya que la tradición mal entendida se convierte en la fuente de la legitimidad del derecho, pero del derecho de castas, estamentos y clases dominantes y no las costumbres de los pueblos y nacionalidades que conforman nuestra nación.
La explotación económica y los valores de la dignidad y el respeto no pueden quedar por fuera de los cambios jurídicos, si no solo serían cambios a nivel administrativo. Ahí es cuando se develará el alcance y la profundidad de lo que se entienda por revolución. Hay que ir más allá de los cambios tecno-burocráticos.
La justicia tradicionalmente ha sido injusta porque nos habla de igualdad, pero sostiene un sistema social de explotación. Se exige un sistema plurinacional de justicia. Entiéndase, la justicia jamás estará por fuera de la lucha política.
